(Foto: El Comercio)
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Por David Baracco,Asociado del estudio Miranda & Amado

Según lo establecido en el cronograma aprobado por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (), se tiene previsto que el día de hoy se otorgue la buena pro en uno de los concursos públicos más esperados por el sector minero.

Han transcurrido casi 11 años desde que el Estado otorgó por primera vez a un privado la oportunidad de desarrollar el proyecto minero y todos esperamos que en esta oportunidad se concrete la ejecución de dicho proyecto.

En el escenario actual de desaceleración de la economía e inestabilidad política el desarrollo de este yacimiento cuprífero es más que necesario para impulsar uno de los sectores que más aporta – tanto de forma directa como indirecta – a la economía y desarrollo del país.

La importancia del proceso de promoción de la inversión privada de este proyecto minero radica principalmente en que el Gobierno tiene la oportunidad de dar una importante señal y mostrar que puede cumplir con sus funciones y promesas, haciendo que su imagen se vea fortalecida al promover actividades económicas en una de las regiones que más las necesita: Cajamarca.

Sobran las razones para sustentar que Cajamarca es una de las zonas que más se ha resistido en los últimos tiempos al desarrollo de las actividades mineras – basta con recordar la cantidad de proyectos mineros que en los últimos 10 años no han podido desarrollarse, fundamentalmente, por conflictos sociales –, por lo que esta oportunidad es fundamental para contribuir al desarrollo de esa necesitada región.

Precisamente, una de las tareas pendientes del Gobierno en relación con el sector minero es afrontar de forma efectiva la conflictividad social existente y la oposición de grupos antimineros a la ejecución de proyectos que contribuirán al desarrollo de nuestro país. En ese sentido, el Gobierno debe dar el claro mensaje de que puede sentar las bases para la solución de conflictos sociales y la ejecución de proyectos de interés nacional.

En particular, Michiquillay ya cuenta con un “fondo social” con recursos base como para ejecutar actividades que promuevan el progreso social y, además, debe aprovecharse el Fondo de Adelanto Social, mecanismo creado hace un año que aún espera una completa implementación.

La privatización del proyecto minero Michiquillay es el primer paso que debe dar el Gobierno para iniciar positivamente este año 2018. Luego de ello, la empresa que se adjudique el proyecto deberá tomar un rol protagónico y desarrollar una estrategia que le permita afrontar con éxito temas complejos por venir, tales como el acceso a los terrenos superficiales y el uso del agua.

En esta época de adversidad, Michiquillay es la oportunidad que le urge al Gobierno para dar una señal positiva al mercado e impulsar la economía peruana.

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