Durante el Foro del Agua de Perumin 37, el panel “Retos ante la minería ilegal y el saneamiento en la gestión de recursos hídricos del Perú” puso en evidencia la necesidad de reforzar la fiscalización en la comercialización de insumos químicos como el mercurio, además de fortalecer la educación ambiental en las comunidades locales como ejes para revertir el daño ambiental.
Yuri Pinto, director general de Políticas e Instrumentos de Gestión, del Ministerio del Ambiente (Minam), reveló que más de 100.000 hectáreas de bosques amazónicos han sido destruidas y 3.000 toneladas de mercurio se han vertido a los ríos peruanos en las últimas dos décadas; solo en Madre de Dios se arrojan 27 toneladas anuales de este químico altamente tóxico.
En ese sentido, el funcionario anunció que se están agilizando los procesos administrativos para facilitar la obtención de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), buscando una gestión más moderna, eficiente y orientada a la sostenibilidad.
Por otra parte, Claudia Vega, toxicóloga amazónica del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), enfatizó que las estrategias deben incluir control y formación ciudadana. “Para mí las estrategias serían fortalecer y capacitar a las comunidades, pero no como una forma de imposición, sino como interacción del conocimiento científico con el local porque también debemos conocer sus necesidades, saber su problemática, no podemos buscar soluciones sin visitar su localidad”, acotó.
La especialista advirtió que, además de fiscalizar la actividad ilegal, es crucial supervisar la cadena de insumos usados en la minería ilegal, ya que el mercurio continúa ingresando y comercializándose sin el debido control.
Cabe precisar que la minería ilegal sigue siendo una de las mayores amenazas para los ecosistemas amazónicos. A diferencia de la minería formal, que aplica tecnologías para optimizar y reciclar el agua, la actividad ilegal continúa utilizando mercurio y dragas que contaminan los ríos y destruyen los bosques, sin control ni responsabilidad ambiental.
Por su parte, Henry Polanco, vicerrector de investigación de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), recordó que existen soluciones técnicas desarrolladas por la academia que podrían implementarse con el apoyo del Estado y la empresa privada.
“La minería ilegal es un tema complejo y altamente sensible. Muchas comunidades prefieren trabajar con dinero de la informalidad, con leyes no lo vamos a solucionar”, recalcó. El académico resaltó que en la minería formal sí existe una gestión responsable del agua, al optimizar su uso y promover la reutilización.
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