Servir advierte que el Congreso ha dejado sin reglas al sector público para negociar sobre remuneraciones

Costo potencial de la derogatoria de la norma que establece disposiciones para la negociación colectiva se calcula en S/14.500 millones, como mínimo. Pleno también aprobó anular parcialmente el derecho que fija reglas para las reincorporaciones laborales.
La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) explicó que no se busca impedir los derechos a las negociaciones, sino hacer que se respete el equilibrio presupuestal, “como lo fija el Tribunal Constitucional (TC) en sus reiteradas sentencias”. (Foto: El Comercio)

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En una sesión extraordinaria del pleno, el aprobó por insistencia la derogación del decreto de urgencia que establece disposiciones generales para la en el sector público; y, de forma parcial, la norma que fija reglas para las reincorporaciones laborales por mandato judicial.

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La Comisión de Trabajo había aprobado el 30 de diciembre los dictámenes de cada decreto en los que recomendaban por unanimidad su insistencia, luego de que el Ejecutivo los observara.

—Contrapuestos—

El congresista Daniel Oseda (), presidente de la , dijo que con estas observaciones, “el Ejecutivo persiste en limitar el derecho a las negociaciones colectivas”.

“Se recurre al criterio del equilibrio del presupuesto público, es decir, la negociación será operativa si el Ejecutivo, con discrecionalidad total, designa los recursos”, agregó.

La Autoridad Nacional del Servicio Civil () explicó que no se busca impedir los derechos a las negociaciones, sino hacer que se respete el equilibrio presupuestal, “como lo fija el (TC) en sus reiteradas sentencias”.

La entidad lamentó la derogación de la norma al considerar que era perfectible y observó “que se ha dejado sin reglas a la negociación colectiva” en el Estado.

Impacto de las derogatorias de normas sobre trabajadores en el sector público.

Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, indicó que el escenario es el mismo de cuando se derogó la Ley Agraria y se dejó sin régimen a miles de trabajadores.

Para el laboralista, la norma sí requería cambios, pues el procedimiento era duro y muy controlado.

Se calcula que la derogación generaría un costo potencial de S/14.500 millones, como mínimo. El consideró esta propuesta entre las de mayor costo fiscal desde el 2016.

La Asociación de Municipalidades del Perú () informó anteriormente que con esta derogación se pone en riesgo el funcionamiento de 2.051 municipios, además de que se afecta a más de 200.000 trabajadores.

Sobre las reincorporaciones laborales, Oseda manifestó que con la medida se busca revertir “una clara política de discriminación” ante los trabajadores públicos.

Servir negó esta versión y detalló que buscan respaldar que para trabajar en el Estado se tiene que concursar y debe primar la meritocracia.

En este aspecto, Toyama criticó la derogación al considerar que es válido que existan contratos a plazo fijo, pues responden a necesidades coyunturales como la actual con el sector salud.

—Futuro cercano—

Servir indicó que el Congreso debe emitir ahora una nueva normativa para las negociaciones.

La semana pasada, el titular del MEF, , dijo que –ante las leyes que afecten al fisco– se cuenta con un “antídoto” que es la observación o, en su defecto, la presentación de una demanda de inconstitucionalidad ante el TC.

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Desde Servir se indicó que se coordina “con el Ejecutivo los siguientes pasos en el tema”.

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