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Nueva norma contra delitos de empresas queda en manos del pleno

El proyecto de ley permite atribuir un delito empresarial en caso de sobornos en el extranjero

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El proyecto de ley que regula la responsabilidad autónoma de personas jurídicas en delitos de corrupción podría ser aprobado en el pleno del Congreso los próximos días. Con ello, se busca incluir a las empresas en la sanción del “cohecho activo internacional”, es decir, del soborno a un funcionario público en el extranjero.

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De aprobarse, el Perú podrá volverse miembro pleno del Grupo de Trabajo Antisoborno de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Este es un paso previo para la inclusión plena en el club de economías desarrolladas.

CRÍTICAS
José Luis Medina, asesor de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), señala que uno de los principales reparos que presentó la Confederación Nacional de Instituciones Privadas (Confiep) sobre el proyecto de ley fue la falta de confianza del gremio sobre la institucionalidad y transparencia de las entidades que aplicarían el proceso sancionador (el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial y el Ministerio Público). 

Frente a esto, Karin Fernández, asociada senior del área penal del estudio Muñiz, afirma que esta falta de institucionalidad no es motivo suficiente para impedir la aplicación de este proceso sancionador. 

La contrapropuesta presentada por la Confiep a la CAN proponía la creación de una oficina dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que investigue a las empresas y aplique el proceso administrativo sancionador; sin embargo, dicho mecanismo requería una reforma aun mayor, dado que vincula a otros sectores del Estado, agrega Medina. 

La OCDE señaló dos aspectos centrales sobre el proyecto de ley. Primero, se debe garantizar la absoluta autonomía en la atribución del delito a la persona jurídica, sin necesidad de tener como requisito su atribución a una persona natural. Esto se debe a que podría ser que la persona responsable desaparezca, y con ella la posibilidad de sancionar el delito.

Fernández señala que la ley actual no cumple con este requisito a cabalidad. Así, aunque contempla que se atribuya el delito a la empresa, sigue siendo condición necesaria el identificar a una persona natural y que ambos procesos se lleven a cabo de manera paralela.  

Segundo, la exoneración del delito en caso la empresa cuente con tener un modelo de prevención contra la corrupción podría ser una salida fácil. Ante esto, Medina y Fernández afirman que estos modelos no podrán ser tan solo un saludo a la bandera, sino que deben ser efectivos, contemplar todos los riesgos y ser conocidos por todos los trabajadores de la empresa.

De no cumplir con dichos estándares, el juez podrá obviar el modelo y atribuir la responsabilidad a la compañía. Fernández afirma que esto es adecuado, dado que el riesgo penal varía según la naturaleza de la empresa. 

“El legislador está buscando prevenir antes de lamentar”, sentencia José Ugaz, socio del estudio Benites, Forno y Ugaz y presidente de la organización Transparencia Internacional.

CONTRA EL RELOJ 
El 10 de marzo vence la membresía del Perú como participante del Grupo de Trabajo Antisoborno de la OCDE.  

Actualmente, el Perú es el único país que mantiene este estatus, el cual le atribuye las mismas responsabilidades y derechos que los miembros plenos del grupo, pero sin representación en el Consejo, instancia en la que se toman las decisiones. La aprobación de la  ley contra la corrupción empresarial permitirá el acceso del Perú como miembro pleno al grupo de trabajo de la OCDE. 

Medina reconoce que aún queda espacio de mejora en el proyecto de ley. Sin embargo, afirma que lo primordial en este momento es lograr su aprobación. Fernández coincide y señala que, a pesar de que la norma aún es perfectible, de no aprobarse antes del cambio de gobierno, esta podría volver a ser revisada y demorar aun más su aprobación.

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