Cinco claves para entender por qué el nuevo aeropuerto Jorge Chávez no abrió el 30 de marzo y lo que podría venir

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el nuevo terminal todavía debe levantar observaciones detectadas por los organismos reguladores y entes rectores como el Ositrán, Osinergmin y DGAC; además de realizar pruebas suficientes que simulen escenarios realistas de la operación cotidiana de un aeropuerto.

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Ositrán informó que el avance de la infraestructura y el equipamiento se encuentra al 99,5%. Falta integrar el Sistema de Detección y Alarma contra Incendios (DACI), culminar la unificación del Sistema de Control de Accesos (ACS por sus siglas en inglés), sincronizar la red de Internet, unir el Sistema de Megafonía y Sistema Público de Alarma por Voz (PAS/PVAS) al BMS, entre otros detalles relacionados a la iluminación, arquitectura y seguridad. Además, faltan permisos y licencias de instalaciones.

En tanto, la DGAC detectó que las posiciones de estacionamiento PEAS cumplen con medidas reglamentarias, pero son más pequeñas que las del Terminal 1 y presentan obstáculos (Dispensadores de agua y válvulas “shut off”), lo cual exige coordinación, familiarización y entrenamiento del personal para minimizar riesgos. También indicó que las pruebas realizadas desde el enfoque de seguridad evidencian que no se han cumplido con los objetivos de familiarización, entrenamiento y procedimientos adecuados para garantizar una operación segura en plataforma. También encontraron observaciones en el terminal y sistemas BHS, que generarían retrasos en el “turn around” de las aerolíneas.

Sobre Osinergmin, el ente regulador indicó que el concesionario Lima Airport Partners (LAP) tenía que realizar pruebas en el sistema de instrumentación y detección de fugas en tubería, en las válvulas de EFSO, aceptación de bombas contra incendios y prueba de máxima demanda de agua y espuma. La institución no tenía certeza de que se culminen al 30 de marzo.

El ministro de Transportes y Comunicaciones Raúl Pérez-Reyes, informó a través de una conferencia de prensa que no hay fecha definida para la inauguración del nuevo aeropuerto. Explicó que el concesionario debe presentar un nuevo cronograma de pruebas y cuando se tenga garantía de que las operaciones pueden realizarse de forma segura, se fijará una fecha 15 días después.

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“No queremos poner una nueva una fecha, porque la fecha anterior la pusimos en común acuerdo con toda la industria, con aerolíneas y todos los actores, e hicimos una estimación de los plazos. Es claro que esos compromisos no fueron cumplidos del todo”, refirió el funcionario.

Por su parte, Ositran indicó que hay observaciones críticas y no críticas que deben ser solucionadas por el concesionario. Si bien las no críticas no condicionan la operación, es necesario que las críticas sí se resuelvan.

Según el ministro, si bien la concesionaria ejecutó la obra con el apoyo de proveedores, la responsabilidad total recae en Lima Airport Partners por ser la empresa concesionaria. “Esto no se está abriendo porque ellos no han podido cumplir con todas las pruebas que tendrían que haber hecho. Esto no convierte a la empresa en una mala empresa”, mencionó.

Aunque, en una entrevista brindada el 10 de marzo a El Comercio, Sergio Ocampo, gerente de Construcción del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez aseguró que el aeropuerto estaba listo para operar pues las observaciones críticas habían sido levantadas, incluso la planta de combustible, según nos dijo.

Si bien LAP todavía se encuentra dentro del plazo hasta el 30 de marzo, el ministro Raúl Pérez-Reyes indicó que a partir de esa fecha se abriría un proceso administrativo sancionador y podría recibir penalidades y sanciones.

“Lo que tiene que hacer la concesionaria es trasladar la excelencia de su concesión actual a el nuevo aeropuerto, en términos de las distintas pruebas que tienen que hacerse. De cara al compromiso del 30 de marzo, que si no se cumple que es lo que preveemos que va a ocurrir, lo que tiene que hacerse es aplicarse el régimen sancionador”, refirió el ministro.

En cuanto a las sanciones que podría aplicar Ositrán, la presidenta del ente regulador Verónica Zambrano explicó que la institución debe esperar hasta el 30 de marzo para levantar la información, pedir los descargos a LAP para que ellos definan, en un proceso de derecho de defensa qué cosa ha pasado, qué han incumplido o qué pueden considerar que no han incumplido. “En base a ese procedimiento se van a establecer penalidades y sanciones de darse el caso. Las penalidades se trabajan en el ministerio y las sanciones en Ositran en base a las tablas ya establecidas, es una sanción por día que puede ser entre 0,7 a 12 UIT”, dijo. Recordemos que cada UIT está valorizada en S/5.350.

A través de un comunicado, el concesionario acusó al ministerio de quebrantar el principio de buena fe contractual al suspender la inauguración sin comunicárselos. En el pronunciamiento indicaron que no hubo una participación óptima en las pruebas integrales y que el proceso de familiarización depende de la disponibilidad de los operadores y aerolíneas.

Al respecto, los gremios de las aerolíneas indicaron que LAP no se estaría ajustando a la realidad y que para realizar algunas pruebas y trabajos en las áreas que se les había destinado, había que realizar demasiados trámites.

Sobre la Planta de Combustible, la empresa indicó que el Permiso de Operación que será emitido por la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), es el único documento legalmente exigible y para este permiso se requiere la opinión favorable de Osinergmin que incluye el Estudio de Riesgos, del Plan de Respuesta a Emergencias y, de la Prueba hidrostática de la red de hidrantes. “De las 11 Pruebas del sistema contra incendio, se han concluido 10 satisfactoriamente, estando 1 en curso”, resaltaron en el documento.“

También se pronunciaron sobre los cuestionamientos al sistema de detección de fugas, argumentando que la planta de combustible cuenta con un sistema de detección de alta tecnología que cumple con la normativa vigente.