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Nuevos planes del MTC en Chinchero: ¿Qué dicen los expertos?

El anuncio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de ejecutar parte del aeropuerto de Chinchero como obra pública generó controversia

Con el mecanismo de obra pública, el Estado corre con todos los gastos y riesgos durante la construcción de un proyecto. Culminada esta etapa, puede conservar o licitar la operación y mantenimiento de la misma.

Con el mecanismo de obra pública, el Estado corre con todos los gastos y riesgos durante la construcción de un proyecto. Culminada esta etapa, puede conservar o licitar la operación y mantenimiento de la misma. 

(Por: Maria Rosa Villalobos/Luis Alegría) La semana pasada, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Bruno Giuffra, anunció que el aeropuerto internacional de Chinchero ya no será ejecutado como una asociación público-privada (APP), sino que se construirá, al menos en sus primeras etapas, bajo la modalidad de obra pública y luego se concesionará su operación y mantenimiento.

El funcionario precisó, a través de su cuenta de Twitter, que la primera etapa de las obras comprenderá las que se ejecuten por obra pública: el movimiento de tierras, la construcción del cerco periférico y de la pista de aterrizaje. En tanto, sostuvo que la modalidad de ejecución del terminal aéreo todavía está en evaluación. La operación y el mantenimiento de la infraestructura sí estarán a cargo de un concesionario.

Con el mecanismo de obra pública, el Estado corre con todos los gastos y riesgos durante la construcción de un proyecto. Culminada esta etapa, puede conservar o licitar la operación y mantenimiento de la misma.

El modelo clásico de APP, por su lado, contempla que una empresa privada financie la construcción de un proyecto y recupere su inversión durante la vida de la concesión, en la que se encarga de la operación y el mantenimiento. En el Perú, además, existen las APP cofinanciadas, en aquellos casos en los que se determina que el proyecto no será sostenible únicamente con los flujos que genere, por lo cual el Estado aporta recursos.

¿Cuándo apostar por una obra pública y cuándo hacerlo por una modalidad de APP para un proyecto de inversión en infraestructura? Una metodología para evaluar esta decisión, incorporada en los últimos años en el marco legal de requisitos para una APP, es el denominado análisis de valor por dinero (VpD), que valoriza los flujos y los riesgos para determinar la mejor manera de aprovechar los recursos del fisco.

En el caso de Chinchero, el VpD realizado en el 2013 por la consultora española ALG Europraxis como parte del estudio de factibilidad para Pro Inversión determinó que la alternativa de una APP cofinanciada generaba ahorros al Estado por US$151,9 millones en valor presente.

Más allá del terminal cusqueño, José Luis Guasch, ex jefe de la Unidad de Expertos Globales en APP del Banco Mundial, explica que las APP transfieren riesgos al privado –como la posibilidad de que surjan sobrecostos– y generan los incentivos en la etapa de construcción para que los costos de operación y mantenimiento futuros sean los más bajos.

"El modelo clásico de APP, por su lado, contempla que una empresa privada financie la construcción de un proyecto y recupere su inversión durante la vida de la concesión".

Esto último no necesariamente ocurre con las obras públicas, pues quien construye no opera ni mantiene la obra, así que no piensa necesariamente en las eficiencias futuras.

“El promedio de sobrecostos en obras públicas en América Latina está entre 40% y 50% del monto total del proyecto”, explica Guasch.

Otra ventaja usual de las APP es que disminuyen la carga fiscal que debe asumir el Estado, visibilizando que se hagan más obras a la vez. Por ejemplo, en el caso de Chinchero, el diseño original del contrato establecía que el Estado desembolsaría una parte importante del cofinanciamiento a lo largo de 15 años después de que la obra estuviera lista. En cambio, como obra pública, el Estado deberá asumir la totalidad del gasto conforme avance la obra.

Consultada por este Diario sobre el impacto en la caja fiscal de pasar este proyecto a la modalidad de obra pública, la ministra de Economía, Claudia Cooper, afirmó en una entrevista publicada el domingo que el MTC deberá “repriorizar” su asignación de recursos.

—LA DECISIÓN—
De acuerdo con el ministro Giuffra, la fase constructiva del proyecto, que tomará entre cuatro y cinco años, tendrá un costo aproximado de US$200 millones. Para el 2021, el terminal debería estar en la etapa final de obras o, en el mejor de los casos, ya operando.

Asimismo, Giuffra estimó que la recuperación total o parcial de la inversión se logrará con la licitación de la operación y mantenimiento por parte de empresas internacionales del terminal aeroportuario.

Para esto, el MTC tendrá tres opciones, según Guasch: otorgarlo a quien ofrezca un mayor monto de dinero (pago inmediato), a quien ofrezca el mayor porcentaje de los ingresos brutos anuales, como el caso del Jorge Chávez (pago a largo plazo), o a quien ofrezca una menor tarifa aeroportuaria.

“Si lo hicieran como APP, tendrían que rehacer algunos estudios y su nueva adjudicación podría tomar un año. Como obra [el proceso] debería demorar entre cuatro y seis meses como máximo”, estima Guasch.

“No creo que esta última opción sea posible porque es la que más transfiere los costos al usuario, pues depende de la afluencia de turistas”, consideró Guasch.

Tanto para Gonzalo Prialé, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), como Guasch consideran que la decisión tomada por el MTC no responde a razones técnicas ni financieras, sino sobre todo al contexto político actual.

Para ellos, el Ejecutivo busca dar señales claras de que la construcción del aeropuerto es una prioridad.

“Si lo hicieran como APP, tendrían que rehacer algunos estudios y su nueva adjudicación podría tomar un año. Como obra [el proceso] debería demorar entre cuatro y seis meses como máximo”, estima Guasch.

En esa misma línea, Enzo Defilippi, ex viceministro de Economía, resalta que la reducción de plazos es la única ventaja que ofrece la modalidad de obra pública para un proyecto de esta envergadura.

“El análisis que el MTC hizo en su momento determinó que ir por una APP era costo eficiente y mejor que una obra pública. ¿Lo que se está haciendo ahora es mejor que ir por una APP? No lo sabemos, porque el MTC no nos ha dicho si ha hecho el análisis”, cuestionó.

Este Diario contactó al MTC para conocer si ha realizado una evaluación de valor por dinero que sustente su decisión, y se encuentra a la espera de la respuesta.

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