Una oportunidad perdida, por MarcialGarcía

En los últimos quince años, casi nada se ha avanzado en materia de fomento a la inversión minera, pese a que el asunto demanda urgencia en su atención por su impacto en la economía. Los gobiernos de turno han mostrado poco interés en impulsar medidas para elevar la competitividad del sector.

En un intento por romper la inercia, en mayo el Ejecutivo solicitó facultades legislativas para, entre otros temas, perfeccionar las reglas relativas a los convenios de estabilidad tributaria previstos en la Ley General de Minería a fin de generar certeza respecto de las condiciones y beneficios que brindan.

Sin embargo, a las pocas semanas se desistió y la propuesta no fue contemplada en el pedido que fue aprobado por el Congreso, habiéndose optado por el camino de la presentación de un proyecto de ley.

De esa manera, será el Legislativo el que tendrá a su cargo la discusión sobre su futuro.

La noticia cayó como un baldazo de agua fría en el sector minero que ya viene esperando demasiado tiempo a que se subsanen una serie de deficiencias y vacíos legales que generan inseguridad jurídica e incrementan las probabilidades de controversias tributarias.

Este problema estaba cantado desde que se aprobó un controvertido conjunto de medidas, durante el mandato de Ollanta Humala, para dinamizar las inversiones mineras, que lejos de cumplir su cometido crearon confusión e incertidumbre con relación a los alcances de los convenios de estabilidad. No es casualidad que desde entonces no se haya celebrado ninguno (el último fue con Hudbay en el 2013).

Hay que recordar que estos contratos han permitido que se desarrollen en el país proyectos mineros de gran envergadura, que de otra forma difícilmente se hubieran concretado. Ello, dándole al inversionista la seguridad de que el Estado no le cambiará las “reglas de juego” durante un periodo de tiempo determinado.
Ahí radica su importancia como instrumentos de promoción a la inversión.

El Gobierno ha desperdiciado así la oportunidad de emprender de una buena vez esta postergada reforma de forma estructural. Esta es una señal de que aún falta mayor convicción y voluntad política para estimular la inversión minera.

Desafortunadamente, no se percibe una actitud frontal y decidida en esa dirección, ni siquiera ahora que el panorama para los principales metales que exporta el Perú -como el cobre- se está deteriorando por la guerra comercial entre las principales economías del mundo. Para complicar más las cosas, esto está sucediendo en medio de una seria y perturbadora crisis política e institucional.

Solo queda esperar que el Ejecutivo termine de afinar la iniciativa legislativa y que en el Congreso reciba la prioridad que merece. Si no se actúa con celeridad, seguiremos perdiendo más tiempo del que ya se ha desperdiciado, lo cual, sin duda, solo perjudicaría al país