(Foto: El Comercio)
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Al entrar a mi casa suelo encontrar regados en el piso varios papelitos. En los días lluviosos, los encuentro mojados. A veces, los debo rescatar de la boca de mi perro. Algunos son pura publicidad. Estos llegan de vez en cuando. Pero hay otros que llegan regularmente a fin de mes. Son los estados de cuenta de la , de la AFP, los recibos de agua, luz, teléfonos, entre otros.

El destino común de estos papelitos es siempre el mismo. Tarde o temprano terminan en la basura. Algunos terminan allí de la misma forma en que llegaron. Nadie se molestó siquiera en abrir el sobre y leer su contenido. Pero incluso los que logran captar la atención –de mi mujer, en mi caso– o son archivados “por si acaso”, terminan también en la basura.

Existen regulaciones que fuerzan a ciertos proveedores (bancos, AFP, empresas de servicios públicos) a entregar de manera periódica a sus clientes información sobre sus operaciones o consumos. La regla es que esto se haga a través de información impresa y en el domicilio del cliente. Si bien en algunos casos se permite la entrega de información través de medios diferentes al impreso (por e-mail, por ejemplo), la opción por defecto preferida por los reguladores es siempre la del papelito. Se requiere de la aprobación del cliente para dejar de enviar la información impresa, quien suele tener pocos incentivos para renunciar a algo que siente que es ‘gratis’. En algunos casos, la alternativa ni siquiera está disponible; la tarifa general del servicio asume costos de impresión y reparto de los recibos.

Esta opción regulatoria es costosa. Hay que imprimir y repartir miles de papelitos todos los meses: 3,4 millones de recibos por los servicios de agua, 6,8 millones por electricidad, 2,9 millones por telefonía fija, 11 millones por telefonía celular, y miles de estados de cuenta bancarios, de tarjetas de crédito y de fondos de pensiones. Dejando de lado los argumentos vinculados a la cantidad de arbolitos destruidos y las externalidades negativas generadas, como más basura que tratar, esta opción hace más caro el servicio, pues asume –equivocadamente– que todos los consumidores valoran recibir la información de esa manera (impresa y en sus domicilios) al punto de estar dispuestos a pagar los costos de esta actividad.

Recientemente, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) se ha atrevido a hacer un cambio. De acuerdo con la resolución SBS No. 3274-2017, a partir de noviembre, los estados de cuenta de las tarjetas de crédito solo llegarán por vía electrónica. No hay cargos autorizados para esta modalidad. La entrega de información impresa ha dejado de ser obligatoria. Si alguien quiere recibir la información de manera impresa en sus domicilios, deberá solicitarlo de manera expresa y asumir los costos que su actividad involucra.

Rompiendo la inercia que ha caracterizado a los reguladores en los últimos años, la SBS ha forzado un cambio en el sentido correcto. Actualmente existen formas más efectivas y menos costosas (mensajes de texto, por ejemplo) de trasladar información a los consumidores. Lo sensato es empujarlas. Ojalá que esta iniciativa se replique y disminuya el volumen de papelitos de fin de mes.

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