El pleno del Congreso aprobó interpelar a Marilú Martens por la huelga docente, eligió a Augusto Ferrero Costa como nuevo miembro del TC y dejó en suspenso votación sobre permiso para que PPK viaje a EE.UU. y el Vaticano. (Foto: Congreso de la República)
El pleno del Congreso aprobó interpelar a Marilú Martens por la huelga docente, eligió a Augusto Ferrero Costa como nuevo miembro del TC y dejó en suspenso votación sobre permiso para que PPK viaje a EE.UU. y el Vaticano. (Foto: Congreso de la República)
Gonzalo Carranza

Cada vez que se señala un posible obstruccionismo de la bancada de Fuerza Popular, esta se defiende usando como argumento que la aprobación del público del año en curso fue una muestra de colaboración con el Ejecutivo.

La verdad tiene sus matices. En efecto, hubo un proceso de negociación entre Fuerza Popular y el MEF que culminó con un dictamen sustentado por Cecilia Chacón y hecho suyo por el jefe del Gabinete, Fernando Zavala. Pero, en el medio, se crearon o cambiaron partidas y se reasignaron fondos a los gobiernos regionales en detrimento del gobierno central. Lo usual en aprobaciones presupuestales anteriores, pero “colaborativo” en el contexto de la mayoría de Fuerza Popular, que podría haber aprobado cambios más drásticos sin la venia del Gobierno.

El recuerdo cobra relevancia en estos días, pues el Gobierno envió el miércoles pasado al Congreso el proyecto de presupuesto del 2018. El clima político reciente y varias cifras de la mencionada iniciativa hacen prever que este año el debate difícilmente conduzca a un escenario colaborativo. Espero equivocarme, pero cabe estar prevenidos para críticas furibundas desde el fujimorismo -y desde otras tiendas políticas- a los montos destinados a Educación, por representar un menor porcentaje del PBI y del presupuesto que el año pasado. También habrá foco en aspectos particulares, como la reducción del presupuesto para Beca 18.

De igual manera, se cuestionará que, a pesar del fuerte incremento presupuestado en Salud, PPK vuelva a incumplir su promesa de aumentar los recursos del sector en 0,5% del PBI cada año.
La distribución de recursos para la reconstrucción por sectores y regiones será vista con los anteojos de los intereses particulares de cada congresista, y no con la visión de conjunto que corresponde. Las críticas vendrán acompañadas por quejas sobre la lentitud del proceso, como las que varios congresistas de Fuerza Popular ya publican en redes sociales, olvidando que, en realidad, se están cumpliendo los plazos que ellos mismos plasmaron en forma de ley.
Y, una vez más, de izquierda a derecha, el presupuesto será tildado de “centralista”.

Todo esto es previsible. Por ello, no deja de sorprender -para los que aún abrigamos alguna esperanza en el manejo político del Ejecutivo- la deficiente comunicación y socialización del proyecto de presupuesto. No necesariamente para atajar las críticas políticas, pero sí para ganar aliados entre técnicos y líderes de opinión. Que el proyecto de presupuesto se presente los 30 de agosto no debe inspirar la autoflagelación.

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