El lote 192 se ha convertido en una manzana envenenada para Petro-Perú. (Foto: Petroperú)
/ SYSTEMPor Juan Saldarriaga
El sonoro revés de Altamesa Energy en el lote 192 (Loreto) y su consiguiente huida del país con una deuda millonaria - cerca de US$30 millones - provocó una reacción en cadena en Perú-Petro y Petro-Perú, que sigue causando estragos.
El sonoro revés de Altamesa Energy en el lote 192 (Loreto) y su consiguiente huida del país con una deuda millonaria - cerca de US$30 millones - provocó una reacción en cadena en Perú-Petro y Petro-Perú, que sigue causando estragos.
Así, presenciamos días atrás la defenestración de José Mantilla de la presidencia de Perú-Petro, seguida del ingreso a esta entidad de personajes acordes con los designios nacionalistas de Petro-Perú, como Pedro Chira, nuevo presidente de la agencia de hidrocarburos.
Mira también:
Ahora, este Diario ha tomado conocimiento de la renuncia de Milagros Silva Santisteban, gerente Legal de Perú-Petro, quien habría preferido tomar distancia de los sucesos que vienen ocurriendo al interior de la agencia de hidrocarburos.
Nos referimos, principalmente, a la operación que busca evitar la resolución del contrato de licencia del lote 192, a pesar del incumplimiento reiterado de Altamesa, socio solidario de la petrolera estatal en el desarrollo del proyecto.
Y es que las fuentes consultadas para este informe son unánimes en señalar que el proceder de Altamesa ameritaba la terminación del contrato y la ejecución de la carta fianza de US$43 millones que la canadiense y Petro-Perú pusieron como aval para poder operar el campo petrolero.
La Contraloría de la República es clara al respecto.
La Contraloría encontró irregularidades en la operación de Altamesa Energy en el lote 192, las cuales conllevan a que "no se cumpla con el objeto del contrato".
Incumplimiento
En su informe “Cumplimiento de obligaciones del contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos en el lote 192”, del 12 de marzo de 2025, la entidad alertaba que las obligaciones contractuales “referidas a las actividades pre-operativas” del proyecto no se venían cumpliendo.
Y agregaba que esto y la insolvencia financiera de Altamesa, “conllevan a que no se inicie la producción del citado lote y, en consecuencia, a que no se cumpla con el objeto del contrato”.
Para entonces (12 de marzo) era claro el incumplimiento de Altamesa, pues no solo había salido del país, dejando detrás una deuda de US$30 millones con contratistas y empresas comunales, sino que había abandonado a sus propios trabajadores en medio de la selva (estos tuvieron que ser cobijados por las comunidades nativas).
De allí, la amonestación de la Contraloría para que Perú-Petro cautele “el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato”, tales como “la aplicación de las cartas fianzas vigentes”.
¿Qué hizo la agencia de hidrocarburos al respecto?
DILACIONES
A lo largo de los últimos meses la agencia de hidrocarburos ha sostenido que Altamesa no ha incumplido el contrato de licencia del lote 192.
Ello, aun cuando la empresa ya había declarado su intención de dejar el país y de transferir su participación contractual en el proyecto (61%) al mejor postor, debido a sus problemas financieros.
Oficio dirigido por Perú-Petro a Altamesa conminándolo a designar un garante corporativo.
La agencia de hidrocarburos dio 30 días útiles de plazo a Altamesa, contados desde el 18 de febrero, para que ofrezca una respuesta.
Consultada al respecto, Perú-Petro explicó a este Diario que la carta fianza solo podía ser ejecutada por incumplimiento del programa mínimo de trabajo y no por insolvencia financiera.
“Altamesa, a la fecha, no ha cometido incumplimiento que conlleve a la terminación del Contrato, de pleno derecho y sin previo trámite, según los casos estipulados en el acápite 22.4 de dicho Contrato, dado que presentó, dentro del plazo requerido por PERUPETRO, según el acápite 3.5 de la Cláusula Tercera del Contrato de Licencia, a un nuevo garante corporativo”, señaló.
En efecto, la agencia estatal pasó casi todo el verano contemporizando con la empresa canadiense y haciéndose eco de sus promesas de solución, enfocadas en la búsqueda de una empresa interesada en cargar con sus pasivos y activos.
Finalmente, agotados todos estos recursos, envió un oficio (18 de febrero) a Altamesa Energy Perú SAC, subsidiaria de Altamesa Energy Canadá, conminándola a presentar “un nuevo garante corporativo y la documentación que acredite sus capacidades requeridas”.
Esto, en un plazo no mayor de 30 días útiles, que vencería a las 00:00 horas del 1 de abril de 2025, bajo apercibimiento de resolver el contrato de pleno derecho y sin previo trámite.
¿Qué hizo Altamesa? Esperó hasta el 27 de marzo para enviar un oficio a Perú-Petro, comunicándole que había decidido designar a Petro-Perú como su garante corporativo.
Lo demás es conocido: el directorio de Perú-Petro, presidido por Pedro Chira (José Mantilla ya había renunciado), decidió cuatro días después frenar la ejecución de la carta fianza y declarar la vigencia del contrato del lote 192, ante la estupefacción del sector petrolero, que esperaba una solución acorde con el marco legal.
José Mantilla fue desembarcado de Perú-Petro para que no ponga trabas a los designios nacionalistas de Petro-Perú.
¿ACTO ILEGAL?
“Con esto, se está permitiendo que Altamesa se vaya feliz del Perú, llevándose su fianza de US$26,3millones y dejando colgados a sus trabajadores, proveedores y comunidades nativas, a las cuales adeuda US$30 millones”, manifiesta Carlos González, gerente general de Enerconsult.
Para Fernando de la Torre, exgerente de finanzas de Petro-Perú, la determinación del directorio de Perú-Petro constituye “una jugada burda y manifiestamente ilegal” por cuanto posibilita que “la quebrada Altamesa” transfiera a su socio solidario Petro-Perú las obligaciones de garante corporativo, aun cuando ambos han incumplido el contrato del lote 192.
Peor aún, el economista advierte que el salvataje de Altamesa podría agravar la crítica situación financiera que atraviesa Petro-Perú.
Esto, debido a que la estatal se vería obligada a asumir las obligaciones de la canadiense. A saber: su deuda de US$30 millones con proveedores y comunidades nativas y también los US$430 millones del plan de trabajo (41 pozos de desarrollo) que acordó invertir según los términos del contrato de licencia.
“¿De dónde saldrán esos US$430 millones? ¿De los bolsillos de todos los peruanos? ¿No sería mejor que salgan de los bolsillos de todos los funcionarios de Perú-Petro y Petro-Perú, involucrados y que, irresponsablemente, han hecho esto posible?”, se pregunta De La Torre.
Diversos medios de comunicación, como Epicentro.tv, han develado las presiones que vienen recibiendo los funcionarios de Perú-Petro para rebajar el programa de trabajo del lote 192, de 41 a 20 pozos.
Altamesa se había comprometido a invertir US$430 millones para reactivar el lote 192. Esa obligación debería ser asumida por Petro-Perú, en tanto garante corporativo. (Foto: GEC)
Ello, para lograr la calificación de Petro-Perú como garante corporativo, la misma que se encuentra en evaluación.
A todo esto, cabe preguntarse: ¿Por qué Petro-Perú se ha tomado tanto trabajo para evitar la disolución del contrato del lote 192 y la ejecución de las cartas fianzas?
INHABILITACIÓN
Lo primero que hay que tener presente es que la disolución del referido contrato hubiera significado que el proyecto volviera a manos de Perú-Petro, y a foja cero por los próximos dos años (lapso que demora la realización de una nueva consulta previa).
Pero eso, aunque grave, no era lo que más temía la estatal.
El fondo de sus temores era que Perú-Petro la inhabilitará para firmar nuevos contratos de licencia de hidrocarburos.
Y es que la resolución del contrato del lote 192 hubiera motivado que tanto Altamesa como Petro-Perú fuesen sancionados por incumplimiento contractual, refiere Carlos González.
La inhabilitación de firmar contratos por tres años impediría que Petro-Perú acceda por más tiempo a lotes clave para sus intereses, como el Z-69, el I y el VI.
“Esto ocurre porque en un contrato de consorcio el incumplimiento es compartido por las empresas que conforman el consorcio contratista. Eso significa que, si Altamesa incumple, Petro-Perú paga las consecuencias”, explica el especialista.
La sanción, precisa, es la inhabilitación para firmar contratos de exploración y explotación de hidrocarburos por, al menos, tres años.
Hoy Petro-Perú administra de manera temporal los lotes I, VI y Z-69 (Talara). Su inhabilitación impediría que prorrogue su administración en estos proyectos o que participe en ellos contratista durante el periodo 2025-2028.
Cabe señalar que Perú-Petro aún tiene pendiente la licitación del lote Z-69. Y también la calificación de los postores que quedaron en segundo y tercer lugar en la licitación pública de los lotes I y VI, tras la descalificación de Ponderosa Energy (uno de dichos postores es Petro-Perú).
Este Diario se comunicó con la empresa estatal para obtener sus comentarios pero no obtuvimos respuesta.
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