
La alianza estratégica entre Petro-Perú (39%) y Altamesa Energy (61%) para desarrollar el lote 192 (Loreto) está a punto de desmoronarse debido a la intranquilidad social desatada por el incumplimiento de compromisos de la empresa canadiense, la cual debe más de seis meses de sueldos y salarios a las empresas comunales.
Como informamos en una nota anterior (link) Petro-Perú se había comprometido a subsanar parte de esta deuda, transfiriendo S/5 millones a las empresas comunales “en la semana del 13 de enero”.
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Petrolera canadiense debe medio año de paga a empresas comunales y proveedores. Petro-Perú ofrece S/5 millones a las comunidades para evitar incendio social, pero estas exigen S/15 millones.
Sin embargo, este Diario supo que dicho pago no se ha verificado hasta el momento, debido a una serie de trámites internos que la estatal debe de seguir.
Como consecuencia, las comunidades del área de influencia del lote 192 se reunieron el pasado 25 de enero para tomar medidas radicales y acordaron que Petro-Perú y Perú-Petro se hagan responsables del pago de los trabajos brindados por las empresas comunales a Altamesa a partir de junio del 2024.
A ese fin, exigen la presencia del ministro de Energía y Minas (Jorge Luis Montero) y los presidentes de Petro-Perú (Alejandro Narváez) y Perú-Petro (José Mantilla), además del Defensor del Pueblo (Josué Gutiérrez) en el polideportivo de la Comunidad de Nueva Andoas. Esto, para garantizar el proceso de diálogo entre las partes.

En ese sentido, el pedido expreso de las comunidades es que ellos garanticen el pago de las deudas contraídas por Altamesa, más “los intereses de acuerdo a ley por los daños y perjuicios ocasionados y el incumplimiento de los acuerdos pendientes de la consulta previa”.
“Por ello, damos un plazo hasta el día miércoles 25 de enero del 2025, para poder contar con su presencia en la Comunidad de Nuevo Andoas”, señala el acta firmada por los representantes de las comunidades de las tres cuencas circundantes al lote: Pastaza, Corrientes y Tigre.
De lo contrario, advierten que exigirán la ejecución (terminación) del contrato de licencia entre Petro-Perú, Altamesa y el Estado peruano.
Añaden que, si no se cumplen estos pedidos, denunciarán por la vía legal y administrativa, los cual generará un conflicto social y los llevará a tomar el control de su territorio.
Por lo pronto, se sabe que las comunidades mantienen retenidos a los trabajadores de Altamesa, si bien no les impiden trabajar pues sostienen que el proyecto todavía no está paralizado y que desean continuar con la relación de diálogo.
Altamesa fue seleccionada por Petro-Perú como su socio en la explotación del lote 192 tras un proceso conducido por el Bank of America en el año 2020.
Tomó posesión oficial del proyecto en marzo del 2024 con el compromiso de ponerlo en producción en octubre o noviembre de ese mismo año. Sin embargo, no puede pagar a sus proveedores y contratistas desde junio, y es vox populi que se ha quedado sin dinero y sin apoyo financiero de bancos y/o potenciales asociados.