Caso Petro-Perú: Contraloría alerta demoras que ponen en riesgo la contratación de la auditoría forense de la refinería de Talara

¿Por qué la nueva refinería de Talara quintuplicó su costo en el transcurso de muy pocos años? ¿A qué se debe que continúe sin operar al 100% y por qué sigue arrastrando desperfectos? Para absolver estas preguntas el directorio de Petro-Perú dio luz verde en noviembre del 2024 a la realización de la ‘auditoría forense detectiva’ del megaproyecto energético.

En esa línea, lanzó un concurso público internacional que consiguió, en una segunda tentativa, adjudicar el estudio a una firma de alcance global: la brasileña Alvarez & Marsal Consultoria.

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Esto, en noviembre del 2025. Luego se hizo el silencio sobre el asunto hasta que hace muy pocos días el presidente de Petro-Perú, Edmundo Lizarzaburu, reveló ante el Congreso que el proceso se había anulado porque no tenía “un sustento”.

“Una auditoria forense – dijo – parte de una premisa importante, que es tener evidencia clara y tácita, y si no la hay no se puede hacer una auditoria forense”.

Añadió que la realización de dicho estudio complicará a la empresa porque “el mercado internacional va a empezar a pensar que hay algo oculto” y si hay algo oculto “corresponde hacer la denuncia en Contraloría y en Fiscalía”.

Una semana después, sin embargo, el presidente de la estatal aseguró que la auditoría forense “continua vigente y se desarrolla conforme al marco legal y administrativo establecido por la empresa”.

La situación fue suficiente, sin embargo, para que la Controlaría tomara cartas en el asunto, emitiendo una orientación de oficio a Petro-Perú en la que subraya que el análisis forense es una responsabilidad de la estatal y que su demora está afectando sus intereses.

“El proceso para la contratación del servicio 'Análisis forense interno de la nueva refinería de Talara’ aún no concluye, no obstante haber transcurrido 18 meses desde la conformación de la comisión respectiva, en noviembre de 2024, lo cual genera riesgo de afectar la eficiencia y eficacia del proceso y los intereses de Petro-Perú”, alerta el oficio.

Por ello insta al presidente de Petro-Perú, Edmundo Lizarzaburu, a adoptar “las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones”.

En esa línea, dispone que el funcionario comunique estas acciones al Órgano de Control Interno Institucional (OCI) de la estatal en “el plazo máximo de cinco días hábiles”, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

La orientación de oficio fue enviada al funcionario el pasado 22 de mayo, y publicada cuatro días después.