Perupetro aprobó la entrega de los lotes I y VI a Petroperú hasta el año 2025

El salvataje que Petroperú venía pidiendo encarecidamente al Ejecutivo no llegará a través de un préstamo o aporte de capital, sino mediante la entrega de tres lotes petroleros que lograrán el ‘mejoramiento’ de su economía “lo más pronto posible”.

Esto, a través de la renta que los tres proyectos generarán, refirió el presidente de la empresa estatal, Pedro Chira, ante la comisión de Energía y Minas del Congreso de la República.

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A ese efecto, el directorio de Perupetro está acelerando el otorgamiento de los tres proyectos a Petro-Perú, empezando por los lotes I y VI, cuyos contratos “han sido aprobados por el directorio de Perupetro de manera unánime”, indicó Isabel Tafur, presidenta de la agencia de hidrocarburos.

A ellos seguirá el otorgamiento del lote Z-69 (otrora Z-2B) que “estará entrando en la próxima sesión de directorio que va a ser el día jueves”, precisó la funcionaria.

“Entonces todos los directores por unanimidad han aprobado los proyectos de contrato de licencia por los lotes I y VI. E igualmente esperemos (lo mismo) para el Z-69″, añadió Tafur.

De acuerdo a estimaciones del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la explotación de los tres lotes petroleros generará US$700 millones de utilidades anuales para Petro-Perú.

Esto contra “una inversión para todos los campos que no llega a los US$100 millones por cinco o diez años”, aseguró Óscar Vera, titular del sector.

“Son números grandes (..) Mientras tanto, la empresa del Estado se hace cargo. Y eso se va a demostrar con los hechos: si (Petroperú) puede operar o si no va a operar (los lotes). Y veremos lo que sigue adelante según lo que maneja Perupetro de acuerdo a su reglamento”, declaró el funcionario.

RENTA PETROLERA

Para Perú-Petro, sin embargo, los números no serían tan grandes. A decir de Tafur la renta conjunta de los lotes VI y Z-69 ascendería a US$79 millones por un año de operación.

“Entonces, tenemos que en dos años el Estado estaría dejando de gastar [en compra de crudo para la refinería] aproximadamente US$160 millones (…) son cifras importantes que van a beneficiar a la empresa del Estado, de todos los peruanos y, obviamente a todo el país”, dijo.

Por el contrario, César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, estima que el máximo ingreso neto que la estatal podría obtener por la explotación de los tres proyectos ascendería a US$21,2 millones al 2024.

A su entender, se trata de una cifra ínfima para una empresa que tiene ingresos anuales del orden de US$4.000 millones y obligaciones de deuda de US$369 millones cada año.

“Es más que evidente que estas cantidades no pueden significar un aliciente para generar una disminución de precio de los combustibles, que se viene sosteniendo demagógicamente”, señala.

Otra crítica tiene que ver con la inversión requerida para mantener, cuando no para incrementar, la producción de los tres campos petroleros.

Según Vera, se trata de yacimiento que “no requieren nada para seguir trabajando”, pues se trata de negocios en marcha.

INVERTIR O NO INVERTIR

En esa línea, Carlos Pantigoso, gerente general de Perupetro, ha señalado que los tres proyectos necesitarán alrededor de US$121 millones por un espacio de cinco años para actividades de work-over y perforación de pozos.

Se trata, de acuerdo a una fuente del sector hidrocarburos que quiso mantener el anonimato, de cifras que no se condicen con la realidad, pues solo el lote Z-69 requeriría una inversión de US$50 millones para “operar durante el primer año”.

En su opinión, lo que están haciendo Minem y Perupetro con esta extraña aritmética es “resolver los problemas de caja de Petroperú a costa de mantener baja la producción, las regalías, el trabajo y la inversión en los lotes”.

Cabe precisar que los tres proyectos serán otorgados a Petroperú bajo un contrato de licencia y no bajo la figura de encargatura, como anunció inicialmente Óscar Vera.

“Los lotes I, VI y Z-69 serán operador por Petroperú a través de un contrato de licencia por dos años”, remarcó Tafur.

De acuerdo a Carlos Pantigoso, el lapso de dos años se explica por la burocracia y el largo tiempo que tomará realizar los talleres de participación ciudadana que la ley demanda (6 a 8 meses).

“Si a ello agregamos los cinco a seis meses que demoraremos en el proceso (de licitación) ya son 14 meses. Y los procesos de calificación del MEF y el Minem suman tres meses más. Entonces, estamos en 17 meses, sin considerar que (el proceso) puede salir desierto. Por eso el plazo mínimo son dos años”, indicó.

Los contratos de los lotes I, VI y Z-69 con sus actuales operadores expirarán en octubre y noviembre de 2023.