“Una cosa es no estar de acuerdo con el indulto, otra cosa es plantear una moción de vacancia en el Parlamento que no tiene sustento alguno”, expresó PPK.
“Una cosa es no estar de acuerdo con el indulto, otra cosa es plantear una moción de vacancia en el Parlamento que no tiene sustento alguno”, expresó PPK.
Redacción EC

En el marco del en La Oroya, y en rechazo a la instalación de un en por parte de la empresa concesionaria Deviandes, el jefe de Estado, , afirmó que desde el Ejecutivo se conversará con la citada empresas para encontrar una solución a este problema.

“Me enteré el otro día de que había un peaje en la punta del cerro en Ticlio, en 4.818 metros sobre el nivel del mar, es decir, hay una falta de inteligencia en cobrar peaje en esta zona”, refirió en la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Ante lo cual, detalló el mandatario ha pedido al ministro de Transporte, que se cambie tal situación, por lo que anunció que se conversará con el concesionario Deviandes.

EL PARO

El paro preventivo de transportistas de 24 horas fue acordado en la reunión de transportistas de la marcro región Junín – Huancayo – Jauja – Sicaya – La Oroya a lo que se sumaron los comerciantes de La Oroya.

El jueves 15 de febrero, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ( MTC ) anunció la suspensión temporal del cobro por derecho de circulación hasta que se consiga su anulación definitiva, pero las protestas iniciaron hoy de todos modos.

Según indicaron los dirigentes del paro, lo que se pide es que se resuelva el contrato con la empresa.

"Esta empresa Deviandes en complicidad con el MTC dice ya no ponemos el peaje pero igual cobramos S/17 millones. Hoy es un paro preventivo. Pero si el gobierno no renueve el contrato habrá un paro indefinido en toda la región central", señaló uno de los dirigentes a América Televisión.

El paro es organizado por dueños y choferes de camiones y buses interprovinciales de La Oroya y de Junín.

REACCIONES

La (AFIN) expresó su preocupación por la inseguridad jurídica que se estaría generando en el contrato de concesión de la Carretera Central, al impedirse el funcionamiento de una garita de peaje en la zona de Ticlio.

La misma, que de acuerdo al gremio, estaba previsto en el contrato firmado entre el concesionario y el Estado Peruano.

“Esta medida arbitraria e ilegal impedirá la recuperación de la inversión realizada, sentando un pésimo precedente por el incumplimiento de obligaciones del Estado en un contrato de concesión”, indicó AFIN.

Recordó que se invirtió US$ 127 millones, de los cuales 62% fue financiado por la banca privada y 38% por aportes del concesionario.

Ante lo cual, indicó que pese a que los opositores en contra de la instalación del peaje, aducen que no se ha hecho ninguna inversión, las obras comprometidas según contrato, se han ejecutado según lo presupuestado y la recepción de dichas obras con la conformidad de Ositran y del MTC.

"Se señala también que no se ha anchado la vía o que no se ha agregado más elementos de seguridad y que la misma está congestionada. Se olvida que es el Estado, a través de la evaluación y concurso del proyecto de inversión respectivo, quien definió detalladamente las obras a desplegar en los tramos concesionados de la Carretera Central; plasmándolo en el contrato de concesión respectivo", apuntó AFIN.

Por lo que, remarcó que corresponde aplicar el mecanismo de compensación respectivo, sin deteriorar más el contrato de concesión suscrito, evitando decisiones tomadas bajo presión y amenazas, que ocasionan pérdida de valor en esta concesión y perjudican al sistema de concesiones viales en el país en general por el pésimo precedente.

"En Puente Piedra ocurrió lo mismo. No se instaló el peaje y no ha habido una compensación para la empresa. La obra está abandonada porque no existe un tema de seguridad jurídica que garantice que el Estado apoyará o, en el peor de los casos, no intervenga en contra del concesionario", dijo Gonzalo Prialé, presidente de AFIN, a El Comercio.

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