Esta tarde, mientras Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, se presentaba compungido ante el duro reclamo de senadores estadounidenses como Chuck Grassley y las acciones de la empresa entraban en vilo, en nuestro país también se debatía el tema y se optaba por crear más mecanismos de perfección a la norma de protección de datos que rige en el país.
“Los consumidores deberían poder decidir si comparten sus datos y qué se hace con ellos. No estar limitados a un ‘check’ en un formulario. El status quo ya no funciona”, le reclamaron hoy a Zuckerberg en el Comité del Senado de Comercio, Ciencia y Transporte de Estados Unidos.
En Perú, mientras tanto, la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó, por mayoría, modificar la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 29733). Puntualmente se propuso modificar el artículo 18 de la citada ley para facilitar la posibilidad de revocar su consentimiento en el uso de dicha información en cualquier momento.
La medida, informaron, también establece el deber del titular del banco de datos de comunicar oportunamente las transferencias que se realizarán sobre su información a fin de que el titular de los datos personales pueda tomar una decisión al respecto.
Erick Iriarte, socio de Iriarte & Asociados, comentó que el citado artículo ya había sido modificado antes, pero que es comprensible el deseo de reforzar aun más los derechos de los titulares de datos luego de conocerse el caso de Cambridge Analytica.
“Es de relevancia que los temas de datos personales sean discutidos por el parlamento, pero sin crear instrumentos que vulneren otros derechos como el de la libertad de expresión o el de acceso a la información publica”, advirtió.
Para Iriarte el caso de Facebook podría ser incluso materia de sanción para la empresa de acuerdo a la normativa vigente y dependerá de las autoridades iniciar la investigación pertinente, tal como se viene haciendo en otros países más directamente afectados por el hecho.
ALERTA EN EL SECTORSegún Miguel Morachimo, director ejecutivo de Hiperderecho, en nuestro país existe una tendencia muy fuerte para debilitar en lugar de elevar las protecciones de la privacidad de los datos.
El principal error, dijo, viene de la idea equivocada de creer que el contenido de las comunicaciones está más protegido que sus datos relacionados (hora, origen, destino, tamaño, ubicación geográfica). Este segundo grupo de datos, sin embargo, puede ser incluso más revelador que el contenido mismo de una comunicación pero hoy es de libre disposición de la Policía Nacional, desde que en el 2015 se aprobó el Decreto Legislativo 1182.
En el Congreso, añadió, han habido varias iniciativas para modificar o debilitar los derechos vigentes. La más reciente fue el Reglamento de Terminales Móviles Seguros que a su entender continuan minando estas protecciones y dándole más acceso a terceros a nuestra información de comunicaciones.
En cartera también está un proyecto de ley que quiere hacer un delito la difusión de comunicaciones electrónicas de cualquier tipo, otro que quiere darle a las comisiones investigadoras del Congreso la potestad de solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones.
A su entender se deberían lanzar otras propuestas, como el establecer una reglamentación sobre la manera en la que la Ley de Protección de Datos se debe aplicar a los entidades públicas y no solo quedarse en exigencias para las empresas que operan en el sector privado.
“Actualmente, apreciamos mucho desorden en cómo nuestra información biométrica, familiar o financiera es compartida por entidades públicas y explotada de forma completamente aislada a la Ley de Protección de Datos”, comentó.