Para los productores asociados en Procitrus, el bono especial por trabajo agrario (BETA) incluido en la nueva ley agraria es una sobretasa anticonstitucional que perjudica al sector agrícola.
Para los productores asociados en Procitrus, el bono especial por trabajo agrario (BETA) incluido en la nueva ley agraria es una sobretasa anticonstitucional que perjudica al sector agrícola.
Élida Vega Córdova

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Tras la aprobación de la nueva , el descontento entre empresarios y trabajadores continúa. Y desde la Asociación de Productores de Cítricos del Perú (Procitrus) alertan que debido a que existen variedades de cítricos que tienen bajos márgenes, los sobrecostos generados por la nueva ley harían inviables los campos que no son muy productivos.

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Según Sergio del Castillo, gerente general de Procitrus, serían entre 2.000 y 3.000 las hectáreas que estarían en riesgo. Considerando que entre sus 150 asociados manejan 10.000 hectáreas, la nueva ley no solo afectaría entre un 20% y 30% de los campos de cultivo, también repercutiría negativamente en la generación de empleo.

“Lamentablemente, los campos que generen pérdida o no puedan generar mayor rentabilidad que alquilar la tierra para sembrar cultivos de panllevar, dejarán de producir cítricos y se perderían, aproximadamente, cuatro puestos de trabajo formales, entre directos e indirectos, por cada hectárea descartada”, afirma al recordar que entre los 150 pequeños, medianos y grandes productores que forman parte de Procitrus generan 20.000 puestos de trabajo directos en el campo y 60.000 indirectos.

“El 70% de nuestros productores son medianos o pequeños, y como asociación representamos el 80% de las exportaciones citrícolas y el 40% de la producción nacional, sin contar que generamos divisas por aproximadamente US$250 millones al año para el país”, añade.

INEQUIDAD

Tomando en cuenta que con la nueva Ley Agraria se elevaría la solo para el agro, desde Procitrus no dudan en señalar que “la actividad agraria tendría un régimen laboral discriminatorio, más oneroso y desalentador que las demás actividades económicas del país, a pesar de que el artículo No. 88 de la Constitución ordena al Estado apoyar preferentemente el desarrollo agrario, lo que resulta claramente contradictorio e inconstitucional”.

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Asegura que lejos de implantar una política de fomento al empleo productivo y de educación para el trabajo, el Estado perjudica al sector agrícola con una sobretasa anticonstitucional, aun cuando la ley aprobada establece que los trabajadores del sector agrario están bajo el régimen laboral general.

“Se ha creado el bono especial por trabajo agrario (BETA) que equivale al 30% de la RMV sin carácter remunerativo, pero con eso también se infringe el artículo 24 de la Constitución al desnaturalizar el ingreso del trabajador”, señala Del Castillo.

Adicionalmente, el empresario sostiene que contrario a lo que se ha dicho en el Congreso, los trabajadores empleados por los productores con menos de cinco hectáreas sí se verán afectados al no estar comprendidos en el ámbito de la nueva ley agraria, debido a que en el régimen Mype se recortan los derechos laborales.

“Ningún trabajador querrá trabajar en un campo de menos de cinco hectáreas porque su remuneración será menor comparada con los campos vecinos. Y, en el supuesto improbable que el productor de cinco hectáreas consiga personal dispuesto a trabajar por falta de oferta de trabajo, el régimen Mype les recortará sus derechos laborales porque otorga media gratificación, media CTS, 15 días de vacaciones y una compensación por despido arbitrario reducida. Esos trabajadores estarían en peor situación que con la Ley de Promoción Agraria derogada”, sentencia.