Tras la muerte de dos personas en el lote 95, el Gobierno busca restablecer el diálogo con la comunidad. (Foto: Petrotal).
Tras la muerte de dos personas en el lote 95, el Gobierno busca restablecer el diálogo con la comunidad. (Foto: Petrotal).
Ricardo Guerra Vásquez

Periodista en Economía y Negocios

ricardo.guerra@comercio.com.pe

Un nuevo estallido social ha puesto, una vez más, sobre la mesa los temas pendientes por trabajar en el rubro . El último fin de semana, un enfrentamiento entre moradores de la comunidad nativa Bretaña, de la etnia kukama, ubicada en , dejó al menos dos muertos (versiones iniciales dijeron que eran tres) y casi 20 heridos.

El ministro de Cultura, , llegó ayer hasta la zona y dijo que “el objetivo es tratar de restablecer los canales de diálogo”. Expertos consultados remarcaron que, si bien esta es la arista más importante en la que se debe trabajar, no es la única.

CONFLICTIVIDAD SOCIAL

A inicios del mes, alrededor de 400 comuneros del pueblo awajún ingresaron a la estación 5 de , ubicada en la provincia de Datem del Marañón (Loreto). Su objetivo era exigir al Gobierno Central un nuevo contrato social y ambiental urgente, frente a la reactivación de operaciones hidrocarburíferas y la expansión del coronavirus en sus territorios.

La reportó que, al cierre de junio, habían identificado 190 . De estos, 140 estaban activos y 50 latentes. Asimismo, casi 130 son de tipo socioambiental.

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Guillermo Ferreyros, presidente sectorial de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (), reconoce que la mayoría de los conflictos en el rubro son por la existencia de brechas sociales, pero explicó que se han venido realizando trabajos para identificarlos.

Ahora bien, el problema –indicó Ferreyros– apunta a la demora en la ejecución del cierre de estas brechas.

“Muchos reclamos sociales se dan porque los gobiernos regionales o locales han hecho a las poblaciones distintas promesas, pero no las cumplen o, si lo hacen, están a medias. Esto, pese a que las empresas pagan sus regalías todos los meses. Para la demora en la ejecución urge que el Estado tome el control”, refirió.

A inicios del mes, alrededor de 400 comuneros del pueblo awajún ingresaron a la estación 5 de Petro-Perú, ubicada en la provincia de Datem del Marañón (Loreto). Su objetivo era exigir al Gobierno Central un nuevo contrato social y ambiental urgente, frente a la reactivación de operaciones hidrocarburíferas y la expansión del coronavirus en sus territorios.
A inicios del mes, alrededor de 400 comuneros del pueblo awajún ingresaron a la estación 5 de Petro-Perú, ubicada en la provincia de Datem del Marañón (Loreto). Su objetivo era exigir al Gobierno Central un nuevo contrato social y ambiental urgente, frente a la reactivación de operaciones hidrocarburíferas y la expansión del coronavirus en sus territorios.

A su turno, Enrique Bisetti, presidente del Capítulo de Ingeniería de Petróleo y Petroquímica del (CIP), remarcó la necesidad de una “línea base ambiental social” para realizar los trabajos de identificación de comunidades.

“Los conflictos no se resuelven de la noche a la mañana. Acá no funciona el ‘déjalo que solo se arregla’”, dijo.

BAJAS PRODUCCIONES

Según Bisetti, otro de los problemas del rubro es su capacidad de producción. En julio, el promedio fue de 35 mil barriles diarios. Esto representa el 60% de lo que se producía el año pasado. Además, este nivel es deficiente a escala regional, agregó.

En Colombia, el promedio en condiciones normales era de 800 mil, mientras que en Ecuador, 500 mil. Décadas atrás, por 1980, el Perú aventajaba a estos países, pero desde entonces entró en una caída significativa.

En julio, el promedio fue de 35 mil barriles diarios. Esto representa el 60% de lo que se producía el año pasado. (Foto: GEC)
En julio, el promedio fue de 35 mil barriles diarios. Esto representa el 60% de lo que se producía el año pasado. (Foto: GEC)

Bisetti dijo que esta situación responde a la falta de políticas de Estado y de compromiso sobre las etapas de exploración y producción.

En tanto, Anthony Laub, socio principal de Laub & Quijandría, añadió que se debe evaluar la normativa del rubro, pues existen requisitos innecesarios que aumentan la tramitología y que las regalías también deben revisarse para contrapesar los factores que complican el atractivo del país como destino de inversión.

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