Propuesta fue aprobada con 6 votos a favor y dos en contra en la comisión del Congreso. (Foto: GEC)
Propuesta fue aprobada con 6 votos a favor y dos en contra en la comisión del Congreso. (Foto: GEC)
Israel Lozano Girón

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La comisión de reforma de pensiones del aprobó con seis votos a favor y dos en contra el proyecto de ley que propone el marco para un nuevo sistema de pensiones. Ahora la propuesta deberá ser debatida por el pleno del Congreso.

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Actualmente existe la AFP y la ONP como las alternativas privada y pública que tiene el trabajador para resguardar sus ahorros para la jubilación. Además, existe Pensión 65, que otorga una pensión a adultos mayores en situación de pobreza.

Lo que propone el Congreso es que todos ellos pasen a un único sistema denominado sistema integrado universal de pensiones, el cual será administrado por una autoridad del sector público con autonomía.

Vale precisar que para lograr dicha autonomía, el proyecto plantea una reforma constitucional. Hasta que ello suceda, la autoridad estará adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Detalles de la propuesta de Sistema Integrado de Pensiones (Fuente: proyecto de ley / Infografía: Luis Huaitan)
Detalles de la propuesta de Sistema Integrado de Pensiones (Fuente: proyecto de ley / Infografía: Luis Huaitan)
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El proyecto también define que para los trabajadores dependientes, el aporte que realicen será financiado tanto por ellos como por la empresa. Aunque no fija porcentaje, sí determina que el aporte del trabajador deberá ser de entre 4% y 13% de su remuneración –incluida la prima del seguro–, mientras que la empresa realizará un aporte de entre 1% y 5%.

Si bien la contribución de la empresa será según el régimen empresarial y de implementación gradual, para el economista Iván Alonso este concepto podría tener efectos adversos. “Creará una brecha entre el costo laboral para el empleador y lo que recibe en efectivo el trabajador. El mercado laboral se ajustará y los sueldos tendrán que acomodarse”, asegura.

Noelia Bernal, profesora de Economía de la Universidad del Pacífico, coincide en que se podría generar un impacto en el mercado laboral, pero “dependerá de la tasa que se fije en el reglamento”.

El proyecto de ley toma como referencia de resultados esperados un estudio elaborado por Bernal donde se señala, por ejemplo, que los incentivos fijados aumentarían en 4,8% la cobertura de la población activa trabajadora que no está afiliada hoy a ningún sistema. Además, lograría garantizar una pensión al 100% de los adultos mayores hacia el 2075.

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Riesgo compartido

El proyecto también confirma una de las propuestas más controversiales asociada a cómo se distribuirá el aporte, el mismo que se dividirá y una parte irá a un fondo de riesgo compartido.

Iván Alonso sostiene que ello, en la práctica, se convierte en el cobro de un impuesto. “De esa parte saldrán pensiones que no necesariamente están relacionadas con mis aportes realizados”, afirma.

En un comunicado, la Asociación de AFP advierte que este fondo será administrado completamente por el Estado. “La última vez que esto sucedió en el Perú, el sistema de pensiones acabó invirtiendo en programas estatales y terminó quebrado”, remarca la asociación, que cuestiona que la comisión ha propuesto transferir los fondos de los afiliados a las AFP al Estado sin consultarlo.

Concretamente, el proyecto sostiene lo siguiente: “Los asegurados del Sistema Privado de Pensiones pasan al Sistema Integrado Universal de Pensiones con los fondos acumulados que a la fecha de su traslado figuren en su Cuenta Individual de Capitalización, sin ningún tipo de descuento, ajuste, compensación o similar, bajo responsabilidad de la Administradora Privada de Fondo de Pensión correspondiente”.