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Reforma laboral a la vista: Las medidas ya están definidas

El gobierno tiene la línea trazada para impulsar nuevos cambios en materia laboral y reducir la informalidad en el sector

Ambulantes siguen en Mesa Redonda pese a prohibición

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La Comisión de Constitución del Congreso revisa los decretos legislativos que el equipo del presidente Pedro Pablo Kuczynski aprobó gracias a la delegación de facultades el año pasado, destacando entre ellas la simplificación administrativa en materia laboral, para facilitar la contratación formal de trabajadores


Sin embargo, ahora el Ejecutivo teme que el Congreso impida que se cumpla esta meta en caso derogue estas normas, indicó a El Comercio Germán Lora, jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Trabajo (MTPE). 

Pese a ello, el gobierno tiene un nuevo conjunto de medidas para incluir a más personas en el empleo formal, sostiene Lora. De hecho, para el 28 de julio próximo, el Ejecutivo llegaría con propuestas para el Congreso en dos frentes: seguridad social –pensiones, salud y seguro de desempleo– y la reforma laboral –ordenar y simplificar los regímenes laborales, decidir si se fomenta o no el trabajo a tiempo parcial, definir los incentivos para contratación de jóvenes y regular la desvinculación del trabajador–. 

NUEVAS PROPUESTAS
El primer rubro que el MTPE busca ordenar es el de los ceses colectivos (despidos masivos justificados). Actualmente, estos no se pueden realizar debido a la discrecionalidad que se le otorga al Ministerio de Trabajo para autorizar este tipo de desvinculación laboral.

En aras de viabilizar los ceses colectivos, el gobierno ha planteado alternativas como la implementación de un sistema de compensación y la solicitud de suspensión perfecta de labores (que cesa al trabajador sin compensación).

En segundo lugar, el Poder Ejecutivo busca limitar la opción del arbitraje potestativo (negociación con la participación de un tercero) a fin de fomentar que el empleador y los trabajadores lleguen a un acuerdo sin necesidad de un arbitraje.

El tercer rubro en la lista que se busca ordenar es el de la inspección laboral. Entre las propuestas se encuentran que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), entidad encargada de esta labor, no tenga como objetivo central sancionar a las empresas, también evitar la duplicidad de inspecciones y que se suspenda la inspección si es que el caso está judicializado.

Además, se tiene previsto que el Tribunal de Fiscalización Laboral  –máxima autoridad en esta materia, creada en el 2012 pero que aún no se ha implementado– inicie funciones en el segundo semestre del año, detalló el asesor del ministerio. 

APROBACIÓN
Lora enfatiza que todas estas medidas deben ser aprobadas por el Congreso, por lo que advierte que estas podrían llegar a un punto muerto o podrían aprobarse medidas distintas a las  propuestas por el Ejecutivo. Incluso si este las llegara a observar, el Congreso podría aprobar las propuestas modificadas vía “insistencia”, tal como sucedió más de una vez durante el gobierno pasado.

El proceso para lograr una reforma laboral de fondo y no solo de procedimientos comprende tanto al Consejo Nacional de Trabajo (CNT) –instancia de diálogo entre el sector privado, el Estado y los sindicatos– y el Congreso de la República.

De hecho, las nuevas medidas que tratan sobre los tres rubros laborales previamente mencionados ya han sido presentadas al pleno del CNT y el 23 de este mes se remitirá una propuesta final, detalló Lora.

Aparte de lo que pase entonces, para Brian Ávalos, abogado del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, es poco probable que el Congreso apruebe las medidas propuestas por el Ejecutivo. 

Esto porque el Frente Amplio preside la Comisión de Trabajo y los proyectos de ley presentados por este partido tienen un corte más proteccionista al trabajador. El especialista menciona, como ejemplo, una propuesta legislativa de este grupo parlamentario que busca dotar de los mismos beneficios laborales a los practicantes que a los trabajadores. 

IMPACTO EN MASA LABORAL
Pero, incluso, si las propuestas son aprobadas por el Congreso, estas no tendrían un impacto significativo en el mercado laboral. Así opina Mónica Pizarro, socia del Estudio Echecopar.

La especialista advierte que son pocas las empresas que requieren ejecutar ceses colectivos y que lo mismo sucede con el número de compañías que deben lidiar con sindicatos. “La tasa de afiliación sindical tampoco es tan alta”, apunta. 

No obstante, sí destaca que la regulación propuesta para los ceses colectivos dotará de flexibilización al régimen laboral, pues permitirá que las empresas puedan ejecutarlos.

Del mismo modo, señala que la regulación respecto al arbitraje potestativo busca que los sindicatos deban negociar con la empresa, esto ya que suele suceder que los sindicatos prefieren ir directamente por la vía del arbitraje. Sin embargo, Pizarro advierte que en el 2015 solo ha habido siete arbitrajes potestativos. “Entonces, ¿de qué impacto estamos hablando?”, cuestiona la experta. 

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