Régimen laboral agrario: ¿Cómo impacta en la agroindustria?

En los últimos 50 años del siglo pasado, ninguno de los esfuerzos del sector agrícola logró que sus exportaciones anuales sumaran US$1.000 millones. Con la llegada del nuevo siglo, y de algunas leyes, la tendencia se revirtió. Así, al cierre del 2017, los envíos alcanzaron US$5.795 millones, según el Banco Central de Reserva (BCR).

Una de las normas que motivaron el despegue de las exportaciones del sector fue la Ley de Promoción del Sector Agrario, implementada en el 2001 y próxima a vencer en el 2021.

Por este motivo, dentro del pedido de facultades legislativas, el Gobierno solicitó no solo extender su vigencia por 21 años adicionales, sino también incorporar dentro de dichos beneficios a actividades acuícolas, forestales y de fauna silvestre.

No obstante, reconociendo que ha traído beneficios al desarrollo agrario exportador, ayer el presidente Martín Vizcarra confirmó que la ampliación de la vigencia del régimen laboral agrario pasará por las manos del Congreso y ya no se tratará mediante las facultades legislativas.

“No va a ser parte de las facultades porque ahí queremos que estén presentes los proyectos que, siendo importantes, sean urgentes; por ejemplo, la reconstrucción”, afirmó el mandatario en Cusco.

Este cambio generó el reclamo de varios sectores ligados a la agroindustria. La Asociación de Exportadores (ÁDEX), la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Sociedad de Comercio Exterior (Cómex), Confiep y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) enviaron una carta al presidente Vizcarra para pedirle una cita a fin de tratar el asunto.

“Es un un régimen que ha posibilitado el desarrollo de los agroexportadores del Perú y ayudó a formalizar la actividad [agraria]. La extensión del régimen permitiría generar 175 mil empleos más para la siguiente década”, sostuvo Alfredo Bustamante, presidente de Cómex.

Por el lado contrario, entidades como la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Confederación Nacional Agraria (CNA) mostraron su rechazo a una extensión de vigencia.

“Planteamos archivar este proyecto por ser lesivo a los derechos de los trabajadores”, manifestó Antolín Huáscar, presidente de la CNA.

MOTIVOS INTERNOS

De acuerdo con una fuente cercana al Gobierno, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Christian Sánchez, organizó hace unos días una reunión del presidente Vizcarra con gremios sindicales.

Este encuentro habría motivado el retiro de la ampliación del régimen del pedido de facultades legislativas, a pesar de que varios miembros del gabinete seguían impulsando la medida. 

La diferencia de posiciones quedó en evidencia el viernes durante la sustentación del pedido de facultades en el Congreso. Mientras que el ministro de Turismo y Comercio Exterior, Rogers Valencia, se mostró abiertamente a favor del régimen, el primer ministro César Villanueva afirmó que debían socializarse sus ventajas y recoger las preocupaciones que pudieran existir.

Además, dentro del Ejecutivo circula un documento elaborado por el Mintra, el cual critica aspectos del régimen agrario. Dicho informe se filtró ayer en varios medios de comunicación.

Entre otros puntos, se indica que, si bien este reduce los costos del empleador, no mejora la productividad del mismo. Además, se afirma que en la agricultura 8 de cada 10 trabajadores se encuentran en la informalidad y que la contratación y remuneración de estos no ve una mejora notoria desde el 2007.

Lo cierto es que hoy en día el valor de las exportaciones agrícolas supera ampliamente la del resto de sectores, exceptuando a la minería. Un patrón que se empieza a registrar, coincidentemente, desde el 2001, año de implementación del régimen.

Además, según datos de AGAP y Apoyo Consultoría, del 2004 al 2017, el número de puestos formales en la actividad agrícola pasó de 499 mil a 787 mil. Y en este contexto, al 2015, el ingreso de los trabajadores formales agrarios era 124% superior al de los informales.

Entre otros (varios) resultados derivados a partir de esta ley, cabe resaltar que, del 2004 al 2015, la incidencia de pobreza en los trabajadores costeños del sector se redujo de 57% a 20%.

Una preocupación importante en los gremios es que no exista voluntad política en el Congreso para aprobar un proyecto de ley que amplíe el régimen. De hecho, en el parlamento están pendientes de dictaminarse un proyecto del Frente Amplio que deroga la ley de promoción agrícola y otro de Fuerza Popular que endurece algunas de sus condiciones más importantes.