Reguladores y supervisoras critican limitaciones de Ley Servir
Reguladores y supervisoras critican limitaciones de Ley Servir
Viviana Gálvez

organizó el coloquio Institucionalidad Regulatoria, en el que se discutió la problemática que enfrentan los organismos reguladores, supervisores y fiscalizadores del país en relación con su autonomía e independencia.

Participaron en la mesa redonda altos representantes de , el (OEFA) y los reguladores de (Ositrán), de (Osinergmin), (Osiptel) y (Sunass). 

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En una parte del coloquio se criticó las limitaciones impuestas a partir de la promulgación de la (Servir), que, a decir de estas instituciones, les restan atractivo para atraer capital humano capacitado y, por ende, debilitan su institucionalidad. 

SIN ATRACTIVO
Jorge Cárdenas, vicepresidente de Ositrán, afirmó que las limitaciones impuestas al presupuesto para la capacitación del personal de las instituciones resultan sumamente perjudiciales. “Si el profesional no es capacitado constantemente, difícilmente podrá cumplir la función válida en el proceso regulatorio”, indicó.

Cárdenas también criticó la disminución de remuneraciones que se ha dado, pues consideró que así el sector público deja de ser atractivo para los profesionales. 

El presupuesto máximo para las capacitaciones ha sido fijado en 1 UIT (S/.3.850) para aquellos casos en los que la entidad pública no migre al régimen Servir, cuando antes podía financiarse hasta una maestría, y por tanto, funcionaba como un incentivo para atraer capital humano. 

Sin embargo, Hebert Tassano, presidente del Indecopi, reconoció la importancia de Servir. “Es la reforma que el Estado necesita para modernizarse y avanzar al ritmo de un país desarrollado”. Pero el funcionario también identificó algunos aspectos negativos surgidos a partir de este régimen. “No podemos competir con salarios del sector privado. La gran herramienta que tenemos es capacitar y poder mandar [al personal] a actividades en el extranjero. Hoy esas dos situaciones las tenemos limitadas”, señaló Tassano, en relación con el límite de 1 UIT. El funcionario agregó que la especialización requerida en la mayoría de los casos no es brindada en la educación universitaria.

Jesús Tamayo, presidente de Osinergmin, también cuestionó el impacto de la Ley Servir en su entidad. “En lugar de igualar a las entidades hacia arriba, las ha igualado hacia abajo”, señaló.

MÁS LIMITACIONES
Gonzalo Ruiz, presidente del Osiptel, criticó que los límites máximos se han impuesto a la permanencia en el cargo de los funcionarios.

Por último, Fernando Momiy, presidente de Sunass, cuestionó que la no estuviera obligada a pasar al régimen de la Ley Servir. “No entiendo por qué la Sunat está excluida. Con ese mismo criterio, los organismos reguladores también deberíamos estarlo”, afirmó.  

PARA SERVIR
Consultado por este Diario, Juan Carlos Cortés, presidente de Servir, indicó que la limitación presupuestaria impuesta para las capacitaciones es temporal hasta que la institución pública migre al régimen Servir –lo que implica para los reguladores dejar el régimen laboral privado–. 

En relación con la disminución de los montos de las remuneraciones en el sector público, señaló que esta se dio en el gobierno anterior. Agregó que el esquema remunerativo también será definido una vez que las entidades migren al régimen Servir y se abran las convocatorias para los puestos específicos. 

Con respecto a la exclusión de la Sunat del régimen Servir, señaló que esta fue una decisión del Congreso.  

Asimismo, explicó que el límite a la permanencia en el cargo público responde al objetivo de evitar que los directivos se queden en los puestos por comodidad. “Lo que se busca es que no exista una situación de confort”, indicó Cortés. 

DIRECTORES Y MULTAS
El coloquio también trató la existencia de directorios incompletos y cuestionó si el hecho de que las multas financien a las instituciones funciona como un incentivo perverso para estas.

Cárdenas, de Ositrán, opinó que los requisitos excesivamente altos y la reducción de las dietas dificultan que se completen los directorios. Tassano consideró que era necesario mejorar los incentivos para postular a los consejos directivos, teniendo en cuenta, por ejemplo, las restricciones que se le imponen a estos funcionarios una vez que dejan el cargo.  

En cuanto a las multas, Eduardo Quintana, profesor de la PUCP, opinó que en la medida que la metodología para calcularlas sea clara, objetiva y predefinida no cabría espacio para cuestionamientos sobre esa forma de financiarse. 

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