Rutas de Lima: Brookfield inicia arbitraje contra el Estado Peruano ante el Ciadi por US$2.700 millones

Brookfield inició este 12 de marzo un procedimiento arbitral internacional en donde reclama una restitución de más de US$2.700 millones por el valor de Rutas de Lima S.A.C (“Rutas”).

El anuncio de hoy se produce después de años en los que la compañía considera que hubo acciones arbitrarias por parte de la Municipalidad de Lima y otras entidades peruanas, como el Tribunal Constitucional, lo que afirma Brookfield ha privado a Rutas de Lima de su capacidad para cobrar peajes de uno de los tramos de la concesión, indicó Brookfield en su comunicado.

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Asimismo, la compañía de fondos de inversiones indicó que ya dos tribunales internacionales, así como una corte federal en EE.UU. han ordenado el pago de más de US$200 millones en favor de Rutas como compensaciones por reiterados incumplimientos del Contrato de Concesión de Rutas por parte de la Municipalidad de Lima.

Sin embargo, a la fecha, la Municipalidad no habría pagado estos montos. La suma de estas acciones, así como un número de actos adicionales por parte del Estado, han privado a Brookfield del valor de su inversión en Rutas, refirió Brookfield.

“Durante muchos años, Brookfield ha invertido con entusiasmo en el Perú, pero desafortunadamente nuestra confianza se ha visto quebrantada. Estamos frustrados por el hecho de que la Municipalidad de Lima y otras entidades del Estado peruano haya tomado nuestra inversión en contra del estado de derecho y la seguridad jurídica, y traten de engañar al público sobre nuestra compañía y nuestra inversión en Rutas”, cuestionó Ben Vaughan, gerente global de Operaciones del Grupo de Infraestructura de Brookfield. La compañía dijo que confía en que el proceso arbitral les permitirá recibir un resarcimiento pleno.

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“Teniendo en cuenta el objetivo declarado del Perú de aumentar la inversión extranjera de escala en el país, mantenemos la esperanza de que podamos encontrar una solución aceptable con el Estado peruano”, finalizó Vaughan, luego de considerar que las acciones del Perú son irrazonables y contraproducentes.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es un foro destinado al arreglo de diferencias entre inversionistas y Estados; por tanto, si bien el proceso se origina por la controversia de la compañía con la Municipalidad de Lima (MML), al ser un proceso de arbitraje, el demandado es el Estado Peruano, no la MML. Es así que el proceso lo sigue y lo gestiona en Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El Comercio buscó un pronunciamiento de parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero indicaron que todavía no tienen uno. En tanto, la Municipalidad Metropolitana de Lima publicó un comunicado en horas de la noche donde lamentó la decisión de Brookfield y refirió que el procedimiento representa “un desacato a la sentencia del Tribunal Constitucional que suspendió el inhumano y lesivo cobro del peaje de Chillón”.

También instó al juez Chávez Tamariz a dictar a la brevedad una sentencia condenatoria para la exalcaldesa Susana Villarán y agregó que el Concejo Metropolitano de Lima decidió invertir en la Autopista Ramiro Prialé “ante la falta de construcción de autopistas, hecho que representa un atentado contra los derechos humanos de la población de Lima Este”. Por último, informó que la comuna continúa litigando en Washington contra Brookfield.

El Perú está involucrado en 39 controversias internacionales de inversión administradas por el CIADI que registra el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Sicreci) a la fecha. De esta lista, 21 han concluido y el resto mantiene un proceso pendiente, según el portal oficial de CIADI.

Los casos que cerraron fueron donde se involucraba al estado, por diferentes problemas, con Convial Callao S.A. y Compañía de Concesiones de Infraestructura S.A., también Caravelí Transmisora de Energía S.A.C., APM Terminals Callao S.A.C., entre otras.

Respuesta del alcalde

Frente a la demanda hecha por Brookfield, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, negó responsabilidad por parte de su gestión. “¿Quién ha prohibido que se cobren peajes en el norte de Lima por derechos humanos? No es la Municipalidad de Lima, sino el Tribunal Constitucional. Quien lleva [la demanda ante el Tribunal] es un abogado de Puente Piedra“, indicó en entrevista con Canal N.

“El Estado peruano no va a pagarle nada al CIADI. Porque no ha sido la Municipalidad de Lima, sino el Tribunal Constitucional. [...] El argumento peruano será el siguiente: el Tribunal suprimió este peaje porque es una aberración”, agregó.

El burgomaestre dijo que se ha presentado ante instancias de Washington para que, a decir del alcalde, Brookfield explique la razón por la cual compró acciones en Rutas de Lima. “Hemos ido al departamento de Justicia americano y les hemos dicho que el acto inicial es nulo”, aseveró.

El alcalde de Lima informó que similar pedido para anular el cobro de peajes se ha hecho en Lima Sur. “La jueza constitucional de Lima Sur tiene que determinar algo similar. A igual razón, igual derecho. Si el Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia peruana, ha dicho que no se cobre en Lima Norte, en Lima Sur debería ser igual. Esperaremos a lo que diga la jueza”, advirtió.