Kuntur Wasi -ex concesionaria del aeropuerto de Chinchero- entabló una demanda ante el Ciadi contra el Estado peruano por haber resuelto el contrato de forma unilateral. (Foto: Archivo)
Kuntur Wasi -ex concesionaria del aeropuerto de Chinchero- entabló una demanda ante el Ciadi contra el Estado peruano por haber resuelto el contrato de forma unilateral. (Foto: Archivo)
Redacción EC

El titular del Ministerio de Justicia, , señaló que el Estado asumirá con la mayor prestancia posible la demanda interpuesta por -ex concesionario del - ante el Ciadi, a fin de salvaguardas los intereses nacionales.

"Seguramente va a ser un largo proceso, pero iremos bien preparados para defender la posición del ", refirió en conversación con Canal N. 

Heresi indicó que el Gobierno de  tuvo las intenciones de "rescatar la inversión hecha sobre Chinchero", pero no se pudo llegar a un consenso con las demás fuerzas políticas. Por ello, explicó que se tuvo que cancelar el contrato de desarrollo del aeropuerto en Cusco; que establecía la entrega de US$40 millones a Kuntur Wasi para el inicio de operaciones. 

"La solución [adenda] se planteó en un escenario político demasiado incendiado. Pero recordemos que este problema venía mal desde el Gobierno de ", acotó.

El titular del Minjus respaldó la medida aplicada por el Gobierno de PPK, considerándola como "una propuesta de salvataje buena, sustentable" y conveniente para los intereses del país.

Añadió que "el contrato [original] era bastante lesivo para los intereses del Estado. La adenda, por lo menos, permitía definir cuánto iba a pagar el Estado peruano" en distintos puntos.

Por último, Heresi dijo desconocer el monto por el cual Kuntur Wasi demanda al país. Pero afirmó haber recibido la comunicación de la formalización de la demanda ante el .

Cabe recordar que Kuntur Wasi, conformado por la argentina Corporación América y la peruana Andino Investment Holding, obtuvo en 2014 la buena pro para diseñar, construir, operar y mantener el nuevo aeropuerto de Chinchero por 40 años. Pero debido a diferencias por la ejecución del proyecto, el Estado peruano decidió resolver el contrato unilateralmente en julio del 2017.

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