“Se agotó la vía administrativa”: Gremios de aerolíneas inician proceso judicial contra la TUUA de transferencia y cuestionan Adenda 9 del Jorge Chávez

La controversia por la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia en el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez escaló a la vía judicial. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) y la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) anunciaron el inicio de un proceso contencioso-administrativo contra las resoluciones de Ositrán que fijaron las tarifas de transferencia nacional e internacional.

De acuerdo con los gremios, la aplicación de este cobro desde el 7 de diciembre del 2025 convirtió al Jorge Chávez en el aeropuerto más caro de América Latina para pasajeros en conexión internacional y ya provocó la cancelación de ocho rutas internacionales desde Lima durante el primer trimestre del 2026.

La acción judicial fue presentada el 4 de mayo contra las resoluciones N°0005-2026-CD-Ositrán y N°0019-2025-CD-Ositrán, mediante las cuales el regulador fijó las tarifas máximas de US$7,46 para pasajeros en transferencia nacional y US$11,86 —incluido IGV— para pasajeros en transferencia internacional.

Carlos Gutiérrez, gerente general de AETAI, explicó que la decisión de acudir al Poder Judicial responde a que “se agotó la vía administrativa”. “Ositrán dentro de sus funciones tiene la potestad de regular esta tarifa de la TUUA de transferencia nacional e internacional. Administrativamente hablando ya no nos cabe algún recurso impugnatorio porque esa vía ya está concluida con este último pronunciamiento de Ositrán”, sostuvo.

Según detalló, el objetivo de la demanda es que un juez revise la metodología utilizada por el regulador para fijar la tarifa y ordene una nueva evaluación. “Lo que se busca es que el juez revise esta resolución de Ositrán y básicamente le indique a ellos que, recogiendo los cuestionamientos de AETAI, vuelvan a pronunciarse tomando en consideración los puntos que están siendo cuestionados”, señaló.

Entre los principales cuestionamientos figuran la metodología empleada para el cálculo tarifario, el valor de las inversiones consideradas y, especialmente, la falta de información estadística sobre pasajeros en transferencia nacional.

“¿Cómo puedes marcar una tarifa si no tienes una demanda? Un estimado no es algo serio para marcar una tarifa que están pagando los pasajeros”, cuestionó Gutiérrez.

Críticas a la Adenda 9

El anuncio ocurre en medio de las negociaciones entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Lima Airport Partners (LAP) para suscribir la Adenda N°9 al contrato de concesión del aeropuerto.

Según los gremios, el proyecto de adenda —publicado el 30 de marzo— no resuelve el problema de fondo porque solo contempla eliminar la TUUA de transferencia nacional, mientras mantiene intacta la tarifa internacional.

“La adenda que pretenden firmar eliminaría únicamente la TUUA de transferencia nacional, pero se dejará intacta la tarifa internacional que ha generado el daño real”, indicaron en el comunicado.

Para AETAI, el problema central es precisamente la TUUA internacional, que consideran responsable de la pérdida de competitividad del hub limeño frente a aeropuertos como Bogotá, Panamá, Santiago o São Paulo.

“Eso es lo que ha generado ocho vuelos cancelados, la pérdida de competitividad y conectividad como país”, afirmó Gutiérrez.

El gremio propuso como alternativa ampliar el plazo de concesión del aeropuerto en lugar de que el Estado subsidie el cobro de la TUUA nacional. “Eso es inocuo porque el Estado no deja de recaudar y tampoco va a subvencionar. Atacas el problema de fondo, que es eliminar ambas TUUA”, explicó el gerente general de AETAI.

Además, cuestionaron que el MTC no haya transparentado los informes económicos que sustentan la Adenda 9. Según los gremios, la cifra de pasajeros de transferencia nacional utilizada para calcular el eventual monto de compensación estatal “no tiene fuente declarada ni estadística oficial que la respalde”.

Ocho rutas canceladas

La tensión por la TUUA de transferencia se intensificó en abril, cuando AETAI informó la cancelación de ocho rutas internacionales desde Lima. Entre ellas figuran Lima–Orlando, Lima–Curazao, Lima–Florianópolis y Lima–Tucumán, operadas por Latam Airlines Perú, además de Lima–La Habana y Lima–Cancún. También quedaron suspendidos dos nuevos vuelos que iban a lanzarse este año: Lima–Guatemala y Lima–Belo Horizonte.

Según AETAI, el cobro adicional de casi US$25 ida y vuelta para pasajeros en conexión internacional “destruye la lógica del hub” y favorece a otros aeropuertos de la región.

En abril, el CEO de JetSmart, Estuardo Ortiz, reconoció en una entrevista a este Diario, que la medida ya está impactando en las decisiones de expansión de la aerolínea. “La TUUA de transferencia ha tenido un impacto ya en la conectividad, y en nuestros planes de negocio lo va a generar también”, afirmó.

Ositrán y LAP defendieron la medida

En febrero, en declaraciones a la prensa recopiladas por este Diario, Ositrán declaró infundados los recursos presentados por AETAI e IATA y ratificó definitivamente la aplicación de la tarifa hasta el 2030.

El regulador sostuvo entonces que los montos fueron calculados conforme al contrato de concesión suscrito entre el Estado peruano y LAP.

Por su parte, en declaraciones brindadas en febrero a El Comercio, Juan José Salmón, CEO de Lima Airport Partners (LAP), consideró que las aerolíneas habían “elevado la voz de manera exagerada” respecto a la TUUA internacional. “Me parece exagerado decir que por un cobro de US$11 el pasajero va a cambiar su decisión de vuelo”, sostuvo entonces.

En aquella entrevista, Salmón también indicó que LAP está abierto a conversar alternativas con el Estado, aunque defendió la necesidad de mantener ingresos que permitan sostener financieramente la concesión y cumplir con sus compromisos financieros.

Al cierre de esta edición, ni el MTC ni LAP se habían pronunciado sobre el inicio de la acción contencioso-administrativa presentada por los gremios aeronáuticos.