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SNI: Proyecto para supervisar comercio genera sobrecostos

La SNI expresó su preocupación por el proyecto de ley que permitiría al Ministerio del Interior la fiscalización de las promociones comerciales, cuando este control ya es realizado por el Indecopi

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La SNI sostuvo que la realización de promociones comerciales está sujeta al control y fiscalización del Indecopi, igual que todas las ofertas y actividades comerciales que involucran a consumidores. (Foto: Archivo)

El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, expresó su preocupación por el proyecto de ley que permitiría al Ministerio del Interior la aprobación y fiscalización de las promociones comerciales, cuando este control -advirtió- ya es realizado por el Indecopi.

El titular de la SNI señaló que el proyecto que modifica el Decreto Legislativo 1266 “Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior” pretende restablecer un trámite burocrático innecesario y costoso que fue correctamente eliminado en enero de 2017, "mediante Decreto Legislativo 1246, considerado como el más reciente y comprensivo esfuerzo legislativo de eliminación de barreras burocráticas".

Actualmente, el proyecto se encuentra con dictamen favorable en la Comisión de Defensa Nacional y pendiente de dictaminar en la Comisión de Descentralización del Congreso.

Márquez sostuvo que la realización de promociones comerciales está sujeta al control y fiscalización del Indecopi, igual que todas las ofertas y actividades comerciales que involucran a consumidores.

“Indecopi fiscaliza el cumplimiento de las normas sobre publicidad y protección al consumidor, entre otras, y puede imponer medidas correctivas de cumplimiento y/o reparación, así como sanciones de hasta 450 UIT”, declaró.

“No existe razón alguna para que las promociones comerciales estén sujetas a una fiscalización adicional, y menos a una aprobación previa, si tenemos a Indecopi como la entidad que cumple esa función”, aseveró.

Además, dijo Márquez, de aprobarse dicho proyecto de ley, se generarían incentivos para la corrupción y para que los funcionarios que las otorgan utilicen su poder discrecionalmente, a cambio de prebendas.

De otro lado, el proyecto establece una inconstitucional confiscación de la propiedad de las empresas, porque los premios no reclamados luego de la caducidad, revierten a favor del Ministerio del Interior, para fines supuestamente benéficos.

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