La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y las empresas mineras Compañía Minera Ares, Apumayo y SAMI (Breapampa) expresaron su rechazo ante el cierre de cuatro operaciones mineras en Ayacucho anunciado por el Poder Ejecutivo. Además también se mostraron en contra del anuncio de que no habrá ninguna ampliación para procesos de explotación y exploración.
En conferencia de prensa, los empresarios alertaron que esta “medida arbitraria de cierre de minas” ha sido anunciada como un piloto, es decir, que se pretendería aplicar en la totalidad del sector minero, lo que impactaría en desmedro de los más de 2 millones de puestos de trabajo que genera el sector, así como el 23% de la inversión privada, el 60% de las exportaciones del país y el 25% de los impuestos recaudados por el Estado.
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El presidente de la Confiep, Óscar Caipo, reiteró que los mensajes “erráticos” y “contradictorios” de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) continúan generando inestabilidad y vulnerando el Estado de Derecho.
“En una misma semana, el presidente Pedro Castillo, y el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, anuncian ser respetuosos de la propiedad privada e invocan a los inversionistas a apostar por el Perú; y, luego, la primera ministra, Mirtha Vásquez, firma un acuerdo para cerrar cuatro empresas mineras en Ayacucho de manera arbitraria e ilegal”, mencionó.
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Además, el ejecutivo indicó que “la primera ministra está pasando por encima del Estado de Derecho, atribuyéndose poderes que no tiene por ley y asumiendo funciones que corresponden a otras instancias del Estado que tienen el mandato legal y competencia técnica para tomarlas. Estas acciones configuran una usurpación de funciones por parte de la premier”.
Caipo también expresó su rotundo rechazo a que desde el Estado se siga justificando y normalizando la violencia como medida de presión social.
En ese sentido, hizo un llamado a la primera ministra para que rectifique formalmente los acuerdos ilegales del acta suscrita en Cora Cora, los mismos que contradicen los mensajes brindados por el presidente Castillo en foros nacionales e internacionales para promover la inversión.
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Durante su intervención, la SNMPE explicó que “mensajes como estos desalientan la inversión minera, que sigue impulsando el crecimiento y recuperación económica del país, y que este año generará más de S/ 12,500 millones en recaudación tributaria en beneficio de todos los peruanos”.
Raúl Jacob, presidente de la SNMPE, recalcó que con esta medida “ilegal”, 54.000 familias peruanas, muchas de estas en Ayacucho, perderán sus puestos de trabajo. “De concretarse esta acción se terminaría perdiendo 6.000 puestos de trabajo formales de manera directa y 48.000 indirectos”, precisó
Además, el gremio minero enfatizó que “en el acta firmada, la premier acuerda negociar el cierre unilateral de las cuatro unidades mineras y luego a través de mensajes en sus redes sociales pretende minimizar lo firmado”.
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También explicó que al indicar que no se permitirán ampliaciones ni exploraciones en la zona, se está vulnerando el derecho de las empresas a invertir en la zona para extender la vida útil de las minas y generar empleo para miles de peruanos.
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