Derogación DL 1333.
Derogación DL 1333.
Viviana Gálvez Cordova

Karina Beteta, congresista de Fuerza Popular, ha propuesto incluir a las empresas que han sido o son socias de  en diferentes proyectos de inversión. La medida restringirá el uso de sus recursos  y las obligará a aportar a un fideicomiso que garantice la eventual reparación civil que se deba pagar en caso sean encontradas culpables de corrupción o lavado de activos en el Perú. El Comercio conversó con la congresista Beteta para conocer más sus argumentos que defienden la propuesta de ley.

¿Cuál es el objetivo de las modificaciones propuestas?
Resguardar la reparación civil en una eventual sanción en la que podrían estar inmersas muchas empresas. Lo que ocurre es que el Ejecutivo, al haber emitido el decreto de urgencia N° 003-2017, solamente señala que Odebrecht podría ser la única empresa que tendría que pasar a un fideicomiso, por un pago pendiente al Estado o cuando venda sus activos. Pero excluye a las otras empresas que han consorciado con Odebrecht. Ellas también habrían tenido ganancias ilícitas. Entonces, nosotros les decimos a esas empresas que si quieren vender sus acciones o participaciones, un monto de esas transacciones tiene que pasar a un fideicomiso a efectos de garantizar la reparación civil al Estado [en caso sean encontradas culpables].

También se incluye a terceras empresas, que no formaron parte del consorcio.
Si la empresa que yo compro es sancionada en el futuro, yo puedo alegar que compré de buena fe y, por tanto, no tengo que pagar ninguna reparación. Entonces, para evitarnos estos perros muertos que se puedan hacer al Estado, señalo que también debe estar inscrito en los Registros Públicos de forma preventiva, para que así aquellas personas que, sabiendo de esta anotación, compren también sean solidarios responsables del pago de la indemnización al Estado en una eventual sentencia desfavorable.

¿No considera que se está sancionando a empresas que no han sido condenadas ni han admitido culpa?
No las estamos sancionando. Será el Poder Judicial quien sancionará.

Pero están limitando la posibilidad de hacer transacciones con sus activos.
No las estamos limitando. Estamos diciendo que si realizan esas ventas, ese dinero tendrá que ir a un fideicomiso.

Pero esas empresas no podrán disponer del dinero que se vaya a ese fideicomiso.
Si fuera bajo esa tesis, entonces no prosperaría ninguna medida cautelar que se hace a nivel judicial. En este caso es similar. No es inconstitucional.

Pero la medida cautelar es ordenada por un juez, según las pruebas y la cantidad de presunción que exista sobre culpabilidad. No es que se acepte la medida cautelar solo por el hecho de pedirla.
Yo no creo que las empresas sean completamente ajenas sobre el hecho de que sus socios hayan pagado coimas. Hay que ser bien ingenuos para creer que ellos no sabían de esta forma irregular como sus socios lograban las licitaciones y con quienes han consorciado. De alguna manera tiene que haber responsabilidad. Obviamente, ellos seguirán trabajando. El proyecto no dice que no podrán licitar. Podrán hacerlo pero tendrán que tener un fideicomiso donde se irá poniendo a buen recaudo los fondos para una posible indemnización que tendrá que hacerse al Estado. Y si no hay [indemnización], pues ese dinero tendrá que devolverse a sus cuentas [de las empresas]. Pero no podemos dejar que las empresas socias no sean tratadas como Odebrecht.

¿Usted presume la culpabilidad de las empresas socias de Odebrecht?
No estoy presumiendo. Si la presumiera, simplemente no podrían participar [en licitaciones]. Las sentenciaría y diría que esas empresas no pueden participar y que no puedan vender o seguir cobrando al Estado. Podría ser más dura en la iniciativa. Pero lo único que estamos haciendo es cautelar la reparación civil.

Pero ese dinero no lo podrán utilizar las empresas hasta que se resuelva su caso.
Es lo mínimo que tiene que hacerse para garantizar la reparación civil. Yo como congresista debo estar del lado del pueblo. De ninguna manera yo voy a legislar para favorecer a algunas empresas que de alguna manera estén en el manto de la especulación o del manto de la sospecha de que habrían sido también parte de la corrupción. Entonces, en un proceso [judicial] se determinará si son culpables o inocentes.

¿También las AFP que invierten en proyectos de infraestructura tendrán que pasar por este fondo de fideicomiso?
Todas aquellas que hayan tenido participación directa o indirecta con las empresas corruptas.

Varias empresas han participado de forma directa o indirecta y sus capitales se verían afectados, ¿cómo han considerado el impacto que tendría en la economía?
Alguna responsabilidad tendrían que tener. No solamente salir y decir “Yo no sabía, ellos solos han pagado la coima”. Por favor, ¿quién le cree ese cuento? Yo no lo creo. No tiene nada que ver acá con la presunción de inocencia. Justamente, porque creo en la presunción de inocencia es que se está poniendo este fondo de fideicomiso. De lo contrario, haría los embargos y les quitaría todo. Pero siendo conscientes de que todo esto tiene que ir a un proceso [judicial], estamos resguardando una posible reparación civil. Qué ocurriría, por ejemplo, si salen sentenciadas. Cuando tenga la sentencia, el Estado no tendría forma de cómo hacer efectiva la reparación civil. ¿Qué va a pasar? Ahí la población se preguntará dónde estuvieron los congresistas. Si actualmente las normas del Código Civil prevén establecer una medida de embargo, una medida cautelar, ¿por qué no podemos hacerlo para estas empresas corruptas?

Pero eso es por orden del juez. Aquí es por disposición de los congresistas.
Estamos haciendo una prevención para efectos de tener una seguridad de una posible reparación civil. Si no fuera por el fideicomiso, tenlo por seguro que cuando salga una sentencia, simplemente no podrá ser efectiva porque las empresas alegarán que no tienen nada, porque todo lo han vendido, todo lo han trasladado a terceros. De eso estoy completamente segura. Y seguramente esos terceros van a alegar que hicieron la compra de buena fe.

Ustedes también buscan eliminar el plazo de un año que estableció el gobierno para el decreto de urgencia.
Sí. Si bien es cierto los decretos de urgencia solo tienen plazo de un año, sabemos que un proceso penal no tiene una duración de un año, pueden ser cinco o seis años. Ese también fue otro de los cuestionamientos: ¿Por qué el Ejecutivo no lo hizo a través de una ley y no de un decreto de urgencia, que como saben su vigencia es solo de un año? Por eso se está derogando para que la norma esté vigente hasta que culmine el proceso penal.

¿Ustedes han calculado el impacto económico que tendría esta medida en la inversión pública, por ejemplo?
Por supuesto que sí. No afectará en lo más mínimo. Las empresas seguirán trabajando. No se les está limitando. Nosotros también decimos que el monto de la reparación civil no debería ser simplemente un aproximado, sino sustentado técnicamente. Por eso decimos que sea el Ministerio de Economía y Finanzas y ProInversión quienes estimen el monto de la posible reparación civil. Entonces, todo estará sustentado técnica y legalmente.

Entonces, ¿el efecto que habrá en el capital de estas empresas consideran que no es significativo para sus operaciones?
No, porque seguirán trabajando y licitando con el Estado. Eso también queda a voluntad del gobierno; porque incluso el señor De la Flor, quien estará a cargo de la reconstrucción, ha señalado que esas empresas no deberían participar. Pero esa es decisión del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que ser claro y frontal: ¿estamos o no contra la corrupción? ¿O seguiremos siendo pasivos y ellos podrán seguir haciendo de las suyas, haciendo el perro muerto al Estado peruano? Eso no tiene que ocurrir. Tienen que hacerse cambios estructurales y todo cambio es duro, puede muchas veces generar algún retraso en nuestra economía; pero lo importante es que hay que tomar las acciones para que esto no vuelva ocurrir. Pero yo estoy convencida de que no afectará en nada la economía. Al contrario: vamos a ganar más porque no se nos irá plata en la corrupción, porque todas las empresas estarán advertidas, al momento de ganar una licitación, limpia y transparente.

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