"El objetivo de reducir la desigualdad debe contemplar la participación de la ciudadanía en todas las fases del presupuesto", afirma Gibu. (Ilustración: GEC)
"El objetivo de reducir la desigualdad debe contemplar la participación de la ciudadanía en todas las fases del presupuesto", afirma Gibu. (Ilustración: GEC)
Caroline  Gibu

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Los resultados de las han generado discusiones entre analistas políticos y especialistas económicos y sociales, quienes participan en las redes sociales, y también quienes se sientan alrededor de la mesa familiar o esperan en la cola.

Los puntos de vista pueden ser diversos e incluso opuestos, pero en la mayor parte de las discusiones se reflexiona sobre la desigualdad, brechas existentes, y ausencia de servicios para gran parte de la población, con graves consecuencias en medio de esta crisis sanitaria.

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“¿A dónde se fueron los recursos? ¿Qué hicieron los gobernantes con el presupuesto que tenían? ¿Para eso pago mis impuestos? ¿Para qué pagar impuestos si no hacen nada? ¿Dónde están los hospitales y postas médicas que ahora necesitamos? ¿Por qué el Estado es tan lento, ineficiente e indolente? ¿Lavarnos las manos? Pero si no hay agua en nuestra zona. Todos son unos corruptos. Nos falta educación. El presupuesto no llega, necesitamos más recursos”. La conversación es airada y la indignación es inmensa.

El es un instrumento para las políticas públicas que busca reducir la desigualdad, pero, como he mencionado en artículos anteriores, su lectura requiere conocimiento previo y entrenamiento, por su lenguaje técnico y especializado. Tampoco es fácil hacer seguimiento de la ejecución y el logro de metas concretas y visibles para la población, porque los recursos y obligaciones se distribuyen entre diferentes actores del gobierno nacional y subnacional. El presupuesto por resultados, aplicado en la última década, es un esfuerzo loable, pero que aún no conecta con la población.

Hoy tenemos una oportunidad para transformar el presupuesto público en un instrumento para afianzar la democracia. No basta con impulsar el crecimiento económico y reducir el déficit fiscal, aunque ambas cosas no dejan de ser importantes para la sostenibilidad. Tampoco es suficiente invertir en la reforma del servicio civil y cerrar espacio a la corrupción, aunque ello mejorará significativamente la eficacia en la ejecución del gasto.

El objetivo de reducir la desigualdad debe contemplar la participación de la ciudadanía en todas las fases del presupuesto. ¿Eso es posible? ¡Es costoso y engorroso!, dirán algunas voces. Quizás. Pero durante 20 años de crecimiento económico se ha intentado solo a nivel de gobiernos regionales y locales, y dirigidos únicamente a proyectos de inversión.

Es el momento de mirar fuera de la caja y optar por mecanismos innovadores que otorguen voz más allá de la protesta, y que afiancen el diálogo y la confianza entre las partes interesadas en una mejor provisión de bienes y servicios públicos. Con todo, y de cara a la segunda vuelta, debemos exigir suficientes razones, compromisos que aseguren sostenibilidad y transparencia presupuestaria, participación ciudadana plural e informada en sus distintas fases, y rendición de cuentas oportuna.

Discutir cada cinco años, durante un proceso electoral, y luego desentendernos de los asuntos públicos perpetúa aquello que nos indigna. La pandemia nos ha enseñado que requerimos de mayor empatía con los demás para ser una mejor sociedad, y que la única manera de salir de esta emergencia es en conjunto.

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