"La Sunafil no debe ser vista como un ente sancionador"

Un mes después de ser elegido como la nueva cabeza de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), Óscar Gómez detalló los pasos que dará al frente de la entidad de inspección.

—¿Cuál ha sido su prioridad al asumir el cargo? 
En este corto período hemos hecho un diagnóstico de lo que en realidad le corresponde hacer a la Sunafil, porque nuestra meta fundamental es armonizar el cumplimiento de las obligaciones laborales.

—¿Cuál es su visión de la nueva Sunafil? 
No queremos que nos vean como un ente sancionador. Me he reunido con gremios como la SNI y Cómex, y la visión del empresario es que la Sunafil busca la falta y multa. Esa no es esa la idea, queremos buscar un equilibrio. Los empresarios son los que dan trabajo y no podemos afectar su economía. Pero también somos conscientes de que en algunos casos se dan abusos con los trabajadores. Ese difícil equilibrio hay que sopesarlo y buscar que Sunafil cumpla ese rol.

—¿Qué sugerencias le dieron los empresarios? 
Fundamentalmente atacar la informalidad porque entienden que es una competencia desleal, porque mientras ellos sí cumplen sus obligaciones tributarias y laborales, el informal no.

—Es el tercer jefe de la Sunafil en menos de un año de creada. ¿Eso es saludable para la entidad? 
He escuchado comentarios de que podría verse como un síntoma de inestabilidad, pero yo recojo todo lo positivo que he encontrado de las anteriores gestiones. Vamos a tratar de fortalecer y posicionar a la Sunafil en el rol que le corresponde.  

—Y si hubo cosas positivas en las otras gestiones, ¿por qué no duraron? 
Aunque en Lima está la intendencia más importante del país, un logro de la anterior gestión fue implementar siete intendencias regionales, y nuestra meta para este año es sumar entre siete y 10. Pero estamos evaluando dónde correspondería ubicarlas para conversar con los gobiernos regionales e iniciar el proceso de transferencia.

—¿Cuál es el calendario que van a seguir? 
Después de inaugurar la de Áncash la semana pasada, nuestra siguiente etapa empieza con el Callao. Ya hemos suscrito un convenio marco con el gobierno regional y esperamos inaugurarla a fines de marzo o a mediados de abril. En el resto de ciudades estamos reevaluando el tema, también nos preocupa Cusco, pero no todos los gobiernos regionales tienen la mejor predisposición. 

—¿Y por qué esperar hasta abril si el año pasado las siete intendencias se inauguraron en casi dos meses? ¿Por qué no actuar con la misma velocidad? 
Si bien se dieron en dos meses, fue un trabajo que se hizo desde abril del año pasado. Ahora queremos inaugurar dos intendencias al mes. Ese debería ser nuestro promedio ideal y esperamos alcanzarlo.

—Uno de los pasivos heredados es el problema de los inspectores y sus huelgas. ¿Cómo han avanzado las negociaciones? 
Ese ha sido el primer problema con el que me enfrenté apenas asumí el cargo, pero hemos suscrito un acta con el sindicato y se han comprometido a promover un clima de paz laboral por al menos cuatro meses. 

—Llama la atención que la entidad fiscalizadora tenga a trabajadores que no están en planilla. 
Entre los inspectores no hay trabajadores que no estén en planilla. En diciembre ingresaron 91, todos en el régimen laboral que corresponde. El gran problema era el pago de un bono por función inspectiva y hemos logrado solucionarlo.

—En el 2014, el 70% de las inspecciones eran por denuncias de los trabajadores y solo un 30% de oficio. ¿Cuál es la meta ahora? 
Sería muy ambicioso pensar en revertir ese porcentaje, pero mañana [hoy] vamos a publicar una resolución para conformar un grupo de trabajo que permitirá diseñar un nuevo modelo de inspección llamado cuadrante inspectivo para fiscalizar no solo a los que tienen RUC, sino para llegar a los informales, que es un reclamo del sector empresarial.

—¿Será posible hacerlo? La primera gestión decía que atacar la informalidad pura era una tarea difícil. 
Es una tarea sumamente complicada y por eso es una de las primeras estrategias que implementaremos. Sabemos que en determinadas zonas hay actividad comercial y si la hay, ya no iremos solo por denuncias, haremos una inspección de oficio y ahí detectaremos si la empresa es formal o no y si tiene o no trabajadores. 

—Si revertir el 70/30 es difícil, ¿a qué apuntan? 
Por lo menos a bajar 10 puntos y llegar a que las inspecciones sean un 60% por denuncias y un 40% de oficio. Eso sería lo ideal. Tenemos algunas limitaciones como la cantidad de inspectores, pero vamos a tratar de incorporar más.

—¿Mantienen la meta de llegar al 2016 con 700 inspectores? 
Ya hay 400 inspectores, así que 700 es una meta que se puede alcanzar, 150 este año y 150 el próximo. A partir del segundo semestre esperamos hacer un concurso público para incorporarlos como auxiliares de inspección. 

—¿El foco será Lima? 
No. Los 91 inspectores que ingresaron en diciembre fueron para las intendencias nuevas y si queremos crear 10 más este año, necesitamos inspectores.

—¿En esta nueva etapa de la Sunafil serán fiscalizadas también las empresas y entidades del Estado? 
De acuerdo con la Ley General de Inspección del Trabajo, al sistema inspectivo le corresponde fiscalizar los centros de labor cuyos trabajadores se encuentren contratados bajo el régimen laboral de la actividad privada, sin hacer distinción entre entidades públicas o privadas. 

—¿Cuántas de las inspecciones actuales se enfocan en entidades públicas? 
En Lima, el dato que tengo es que entre 5% y 7 % de las inspecciones se realizan en entidades públicas.

LEE TAMBIÉN...