Desde hoy lunes 1 de julio, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) iniciará fiscalizaciones en las medianas y grandes empresas que hayan sido denunciadas por sus trabajadores por discriminación salarial entre hombres y mujeres o por existir diferencias entre el salario de dos o más trabajadores que realizan la misma función.
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En el marco de la Ley 30709, que prohíbe la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres, los trabajadores que consideren que estas situaciones están ocurriendo en su entorno laboral pueden acudir a la Sunafil (Av. Salaverry 655 Jesús María) para hacer la respectiva denuncia y los inspectores puedan realizar la fiscalización.
Cabe señalar que a partir del mes de diciembre, se iniciará una segunda etapa, pues la Sunafil realizará inspecciones a las micro y pequeñas empresas, cuyos trabajadores hayan presentado denuncias relacionadas.
Con esta nueva competencia de la Sunafil -cuya Ley fue aprobada el año pasado-, se busca que la escala remunerativa de cada empresa sea sincerada hacia sus trabajadores. Para ello deberán tener presente dos nuevos instrumentos: un cuadro de categorización y funciones, en base a criterios objetivos; y una política salarial, la cual deberá contener los principios básicos sobre cómo se estructura la remuneración en la empresa, además, que deberá ser de conocimiento de todos los trabajadores.
Ello se demostrará con el cuaderno de cargo -donde figurará la firma de cada trabajador que haya recibido- el documento donde figure la política salarial de su empresa; u otra forma que acredite haber sido puesta en conocimiento del personal.
EXCEPCIONESExisten casos comprendidos en la norma, para que exista diferenciación de remuneraciones. Estos son: antigüedad, desempeño, negociación colectiva, escasez de oferta de mano de obra calificada para un puesto determinado, costo de vida, experiencia laboral, perfil académico o educativo y el lugar de trabajo, entre otros.
SANCIONESLas infracciones vinculadas al tema de la igualdad salarial están tipificadas como ‘muy graves’. Para la mediana y gran empresa –que son las primeras a fiscalizar– la multa máxima será de S/189.000, siempre y cuando presente alguna de estas faltas: no contar con un cuadro de categoría y funciones, no haber cumplido con informar a los trabajadores sobre la política salarial o haberse comprobado discriminación salarial.