Trabajadores de empresas informales no cuentan con institución capaz de defender sus derechos.
Trabajadores de empresas informales no cuentan con institución capaz de defender sus derechos.
Viviana Gálvez Cordova

La inspección laboral en el país tiene aún un largo camino para consolidarse. La creación en el 2012 de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ha sido insuficiente para combatir la informalidad, aunque un dolor de cabeza para muchas empresas formales. El incendio en Las Malvinas, que cobró la vida de al menos dos trabajadores encerrados en contenedores, permitió visibilizar la gravedad del problema.

En la otrora fábrica Nicolini hay 2.000 empresas con registro RUC, y según información preliminar, más del 95% son microempresas, detalla a El Comercio Sylvia Cáceres, titular de la Sunafil. Según la legislación actual, la fiscalización laboral de las compañías inscritas en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Remype) en Lima Metropolitana es competencia del Ministerio de Trabajo (Mintra), no de la Sunafil, la cual se encarga únicamente de las medianas y grandes empresas del ámbito nacional. Y el Mintra solo tiene seis inspectores laborales.

En el resto del país, las microempresas y pequeñas empresas –que representan el 99,5% del universo empresarial del país, según Contribuyentes por Respeto– son de competencia de los gobiernos regionales. Estas instituciones no tienen los recursos económicos ni humanos para desempeñar su laboral fiscalizadora. De ahí que la Sunafil haya destacado a 81 de sus inspectores auxiliares a estas entidades para apoyarlas, precisa Cáceres.

En una entrevista radial el fin de semana, Alfonso Grados, titular del Mintra, criticó esta fragmentación de la fiscalización laboral.

Número de inspectores laborales para fiscalizar pequeñas y microempresas formales.
Número de inspectores laborales para fiscalizar pequeñas y microempresas formales.

ÁMBITO LIMITADO
Grados señaló que se cuenta con 465 inspectores laborales en el país, mientras que la población económicamente activa suma 16,5 millones.
Por ello, el laboralista Jorge Toyama apunta que se necesitan por lo menos 2.000 inspectores, según recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo.

A ello hay que agregar que disminuir significativamente los niveles de informalidad laboral en el país no dependerá exclusivamente del incremento de la cantidad de inspectores laborales. Cáceres explica que tanto la Sunafil como los gobiernos regionales y el Mintra están limitados a abordar casos de empresas formales que vulneren derechos laborales, pero no pueden hacer nada frente a una empresa informal. Es decir, su labor solo impacta en el 30% de la fuerza laboral.

Esta realidad se debe a que los entes con responsabilidades inspectivas se guían por las planillas electrónicas y los RUC. Quienes no figuran en estos registros “son empresas informales puras y requieren una estrategia intersectorial nacional. Estas son la mayoría del país”, explica Cáceres.

La conclusión es tan dura como la tragedia de la galería Nicolini: no existe una entidad específica y con competencias para velar por los derechos laborales de los trabajadores de empresas informales.

El presupuesto de Sunafil ha venido aumentando, pero igual no alcanza.
El presupuesto de Sunafil ha venido aumentando, pero igual no alcanza.

DENUNCIAS Y RECURSOS
“Requerimos el apoyo de los propios trabajadores”, afirmó Grados el fin de semana. Destacó, por ejemplo, que no se recibió ninguna denuncia de los trabajadores en los almacenes incendiados en Las Malvinas sobre sus condiciones laborales.

Esto es relevante, pues, por ejemplo, el 70% de inspecciones laborales de la Sunafil responde a denuncias. Esto es similar a lo que sucede en otros países, según Toyama.

De ahí que el especialista considera necesario que exista conocimiento de los trabajadores de sus derechos para que los niveles de informalidad se puedan reducir. “No hay un chip en los trabajadores que [les recuerde que] tienen derechos y son exigibles”, anota el experto. La Sunafil recibe más de 36.000 denuncias al año. Y si bien solo actúa sobre medianas y grandes empresas, sus recursos son limitados. El presupuesto asignado para este año es de S/86 millones, pero la entidad solicitó S/42 millones adicionales.

“Así podremos lograr el ascenso de 74 inspectores y financiar cuatro intendencias regionales este año: Cusco, Piura, Callao y Lambayeque”, detalla Cáceres. El próximo año se requerirá aun más presupuesto para la implementación progresiva, tanto de más inspectores como de otras intendencias regionales.

Toyama agrega la necesidad de dotar recursos para realizar visitas a minas alejadas, a campos petroleros y a zonas madereras de explotación infantil, así como para contar con el equipo técnico que permita, por ejemplo, evaluar el nivel de calor en una fábrica. “En algunos casos, cuando los inspectores visitan empresas con riesgos, estas les tienen que dar los equipos de protección. La Sunafil no los tiene”, detalla.