El debate sobre el establecimiento de topes a las tasas de interés del sistema financiero peruano nos ubica en uno de los espacios más populistas y dañinos del menú de políticas económicas, similares a las que no llevaron a períodos de recesión estructural, alta inflación y niveles de pobreza en décadas pasadas.
El sistema financiero es la piedra angular que permite la interacción eficiente de los mercados. Es decir, que las transacciones productivas desde las más simples hasta las más complejas puedan realizarse gracias al puente intertemporal que se despliega. Esto es justamente lo que sucede en las operaciones de ahorro y crédito que tienen detrás un conjunto de promesas de retornos financieros entre los agentes superavitarios (ahorradores) y los agentes deficitarios (deudores potenciales), teniendo a la banca de intermediario. Las instituciones financieras y sus reguladores aseguran el cumplimiento de esas promesas gracias a los mecanismos de control de riesgos.
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Así, los recursos de los ahorristas son otorgados a familias y empresas de acuerdo con su capacidad crediticia, lo que implica que haya tasas de interés distintas (altas y reducidas) para los que acceden al financiamiento; mientras otros quedan fuera al no dar garantías suficientes que protejan el dinero de los ahorristas.
La introducción de un esquema de control precios, que busca que las tasas de interés sean bajas por decreto, llevará al final a que una parte importante de los que hoy acceden al sistema financiero, o que están en el umbral de poder hacerlo, queden excluidos. El efecto nocivo de este tipo de medidas ha sido ampliamente estudiado en la literatura, notándose más en aquellas realidades informales.
Lo anterior es importante para desmitificar argumentos que señalan que la existencia de topes de interés en otras partes del mundo valida la introducción de medidas similares en el Perú. La realidad y evidencia es muy clara. En países desarrollados donde la informalidad es baja o inexistente, la vigencia de topes de tasas de interés tiende a ser redundante. No obstante, en los países donde la informalidad es elevada como en el Perú, el establecimiento de topes a las tasas de interés ya no lo es, y se generaría más bien un grave efecto expulsión desde el sistema financiero formal hacia la pobreza.
El caso colombiano, que es la realidad más cercana a la peruana en términos geográficos y de informalidad, muestra evidencia apabullante del daño que los controles de tasas de interés pueden traer justamente hacia los más pobres que se pretende ayudar. Los topes solo llevarían a que aquellos con mayor riesgo crediticio, y que antes accedían al sistema financiero formal, tengan que recurrir ahora a la banca paralela donde se ofrecen préstamos a tasas anualizadas de casi 800%, con mecanismos de garantía y cobranza abusivos y delincuenciales.
Es cierto que mientras haya altos niveles de informalidad en la economía el sistema financiero formal no brindará los niveles de inclusión y de bajas de tasas de interés como en países desarrollados. Pero ello no implica que no se pueda avanzar con acciones coordinadas entre el MEF, SBS y BCR para allanar el camino hacia ese objetivo a través de mejoras en el marco institucional; regulaciones que promuevan una mayor competencia en el sistema financiero; facilitando la participación e interacción con nuevos actores digitales; mejorando la visualización de los riesgos crediticios de la mano del uso de todo el abanico de innovaciones que vienen trayendo las plataformas digitales; y combinarlas con herramientas de la economía del comportamiento que ayuden a que el cliente financiero tenga más poder gracias a la toma de decisiones informadas.
Todo este menú de acciones e innovaciones en la regulación financiera y política económica ya viene siendo implementada en países desarrollados y emergentes. Solo se necesita una actitud más proactiva y decidida por parte de los entes responsables en el país para implementarlas con prontitud y monitorear su implementación y efectividad.
Así, hoy nos toca apelar a la responsabilidad de nuestros legisladores para que dejen de lado la peligrosa iniciativa de colocar topes a las tasas de interés que terminará dañando a los más vulnerables que paradójicamente se pretende ayudar. Pero se requiere en paralelo que los entes responsables de la política económica y regulatoria tomen acciones concretas que faciliten aún más la competencia que derive en mayor inclusión y abaratamiento relativo del crédito. Y es que, en el contexto actual, la pasividad de los que son responsables en materia económica está matando al país, mientras nos van dejando a merced de un populismo que nos empuja día a día hacia el abismo.
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