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Ugaz: Empresas sí pueden ser colaboradores eficaces

El abogado asegura, además, que la norma presentada por el Ejecutivo pudo contar con una mejor metodología para calcular la reparación civil 

José Ugaz

"Lo más adecuado hubiera sido que el Ejecutivo opte por otro decreto de urgencia", indicó Ugaz. (Foto: Andina)

Andina

El abogado penalista José Ugaz asegura que el proyecto de ley presentado ayer por el Ejecutivo es mejor que el Decreto de Urgencia (D.U.) 003, pero aún es perfectible.

El D.U. 003 vence el 14 de febrero. Si no se amplía su vigencia o se aprueba una norma que lo supla, se generará un vacío legal que le permitirá a las empresas vender sus activos.
Sí. Las empresas que no tengan responsabilidad penal podrán disponer de sus activos tanto dentro del país como en el exterior, salvo que haya embargos o decisiones judiciales que paralicen determinados bienes.

La única norma que sería de aplicación posible es la del código penal. Esta señala que si alguno de los procesados se deshiciera de activos ahora, en este vacío que pudiera producirse si es que no hay una nueva norma, cabría la posibilidad de que esas ventas o transferencias se declaren nulas si se prueba que no han sido de buena fe. Esto, además, solo como consecuencia de una condena firme.

Lo más adecuado habría sido que el Ejecutivo opte por otro decreto de urgencia, pero con el nivel de polarización política, lo más probable es que el Congreso no haya estado dispuesto a conceder esa prerrogativa.

El Proyecto de Ley (PL) habilita la colaboración eficaz para empresas. Sin embargo, el código penal actual no lo permite.
No hay ninguna prohibición para que las personas jurídicas se acojan a la colaboración eficaz. Lo que ocurre es que no está expresamente regulado. Hay una perfecta posibilidad de que una persona jurídica, haciendo un símil con la persona natural, se pueda acoger a una colaboración eficaz.

El trámite para ello es exactamente el mismo que siguen las personas naturales.

¿Considera que el proyecto de ley del Ejecutivo contempla muchas trabas? Quien esté interesado en comprar no solo debe pedir autorización al Minjus, sino hacer un pago previo al fideicomiso.
Este proyecto trata, de alguna manera, de resolver los problemas que tenía la norma anterior. Sin embargo, considero que no llega a destrabar la esencia del problema.

Las empresas que desean adquirir un activo o bien tienen que aportar a un fideicomiso, lo cual implica un nivel de obligación patrimonial incierto, porque eso dependerá de si hay o no condena y de cuánto será el monto de la reparación civil.

El sistema planteado es poco atractivo para quienes se encuentran en esa situación.

¿El proyecto abarca los proyectos privado que tienen las empresas? Odebrecht, por ejemplo, tiene proyectos que no tienen que ver con el Estado.
Más allá de Odebrecht, esto aplicaría también para las empresas del Club de la Construcción y las otras empresas que están siendo investigadas.

Esta norma abarca toda la masa patrimonial de todas las empresas que están siendo reguladas en esta norma, a todo su patrimonio.

¿Considera que esta iniciativa es mejor al D.U. 003?
Está mejor pensada, sin duda. Tiene algunos matices que le dan mayor amplitud, como el de considerar a las empresas investigadas y darles un espacio de protección.

¿Qué necesitaría para ser mejor?
Podría haberse dado algún rango para calcular mejor la reparación civil para que no sea lo que está pasando ahora: la Procuraduría lanza una cifra millonaria que resulta no acorde con los parámetros objetivos del problema. No tiene una base clara de cómo se arriba a ese monto.

Lo otro es que a las empresas o personas que deciden confesar no se les puede dar el mismo trato que aquellas que han sido condenadas sin aceptar su responsabilidad. Al colaborador hay que darle incentivos suficientes como para que se dé la colaboración: la protección para que no caiga en insolvencia.

¿Parecido al sistema brasileño?
Brasil es un buen ejemplo de cómo la justicia ha podido avanzar en las investigaciones sin asfixiar a las empresas. Eso no quiere decir que los representantes de las empresas no hayan sufrido condenas importantes.

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