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Peruanos consideran que las empresas promueven el crecimiento del país

En el ámbito laboral, la mayoría de trabajadores prefiere negociar distintos beneficios directamente con sus empleadores

Empresas peruanas

(Foto: El Comercio)

La mayoría de peruanos confía en las empresas como ‘drivers’ para el crecimiento económico, según revela la última encuesta El Comercio-Ipsos. También consideran que cuentan con la capacidad necesaria para liderar la innovación y generar nuevos productos y servicios, así como para incentivar estilos de vida más saludables en los consumidores.

Para José Carlos Antón, director senior de Comunicación de Crisis de Llorente y Cuenca, estos resultados no deben generar que las empresas se queden con los brazos cruzados, pues se necesita que el sector privado y empresarial cuente con un rol mucho más activo.

Para el especialista, más allá de participar en iniciativas gubernamentales como el Plan Nacional de Diversificación Productiva o la Ley de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, es vital que las compañías trabajen en proyectos propios y se preocupen por hacerlos visibles, en aras de fortalecer su reputación y su sostenibilidad.

Por otro lado, para Gabriel Ortiz de Zevallos, presidente ejecutivo de Apoyo Comunicación, la confianza mostrada en la encuesta se explica en términos relativos frente a otras instituciones que no cumplen las expectativas de la población, como los partidos políticos o las entidades estatales.

Además, queda alrededor de un tercio de peruanos a los que el sector privado aún no convence. “El porcentaje de personas que no tienen una buena percepción de las empresas probablemente está conformado por aquellas que tienen dificultad para conseguir empleo. El 20% de la población vive en la pobreza. Son personas que no han podido insertarse en el mercado laboral y que se autoemplean”, apunta Mario Mongilardi, presidente de la Cámara de Comercio de Lima.

ALIANZA CON EL ESTADO
Para Antón, la asociación de las empresas y el Estado en iniciativas en las que se comparten esfuerzos y recursos es vital. “La reconstrucción con cambios, por ejemplo, es una magnífica oportunidad para seguir afianzando esta línea de confianza”, apunta.

Sin embargo, aún hay mucho camino por recorrer. “El Gobierno no está haciendo lo suficiente y las cifras lo demuestran. La inversión privada va a caer por cuarto año consecutivo este año y eso significa que la confianza empresarial frente al Estado no se ha recuperado, sino que sigue cayendo”, afirma Mongilardi.

“El Gobierno ha tenido un primer año complicado. Hoy estamos enfocados en continuar trabajando de la mano con la herramienta más potente, que es el diálogo”, agrega Roque Benavides, presidente de la Confiep, quien resalta las acciones que, como gremio, vienen realizando en aras de mejorar las prácticas empresariales. Entre ellas, la presentación del proyecto de ley 1265, que tiene por objeto la penalización de los actos de corrupción cometidos dentro de la administración privada.

“Si queremos ser más eficientes en la búsqueda de la promoción de la actividad empresarial, tenemos que ajustar los puntos que sean necesarios”, recalca Benavides.

ÁMBITO LABORAL
Según la encuesta, la mayoría de la población está de acuerdo con que el Estado pague el seguro social de los trabajadores jóvenes, lo que va en línea con la propuesta presentada por el Ejecutivo ante el Congreso. Javier Dolorier, abogado laboralista del Estudio Gálvez & Dolorier, considera que el Ejecutivo debe continuar con la difusión del proyecto. “El 68% de ciudadanos está de acuerdo [...]. El Congreso debería iniciar el debate para su aprobación”, afirma.

El sondeo también muestra que los trabajadores preferirían negociar directamente distintos beneficios con sus empleadores, como gratificaciones y vacaciones, sin que el Estado tenga que establecer leyes que regulen su contenido. Para Dolorier, implementar un cambio de esta naturaleza requeriría de una reforma legislativa por parte del Congreso.

“Un 36% [de los encuestados] está de acuerdo con el pago de una indemnización por despido y solo un 23% prefiere la estabilidad laboral. Esto permite un margen interesante para introducir reformas puntuales y paulatinas. Para ello, hace falta un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo”, añade.

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