¿Qué hacer con Petro-Perú y la refinería 
de Talara? Esto es lo que proponen los especialistas

La deuda de Petro-Perú es cuatro veces su patrimonio; no es posible la privatización porque tendríamos que pagar para que se lleven la empresa, ya que está prácticamente quebrada. El país no puede seguir perdiendo dinero sobre la base de promesas que no se cumplen teniendo necesidades apremiantes en educación, salud y seguridad.

Los verdaderos dueños de la empresa son los acreedores de la deuda, y lo más conveniente es que se proceda a declarar la insolvencia ante Indecopi y se haga una reestructuración modificando la estructura societaria. La primera medida sería nombrar un directorio profesional e independiente (sin conflicto de intereses) que se encargue de llevar a cabo la reestructuración de la empresa.

La reestructuración debe incluir la división de la empresa en unidades de negocio a fin de tomar las decisiones más adecuadas como vender, concesionar, liquidar activos o reorganizar la empresa con un programa de incentivos.

Entre algunas de estas medidas se tiene que entregar en concesión a un operador internacional la refinería de Talara, licitar los lotes petroleros a quienes tengan la capacidad financiera y técnica para su explotación, buscar socios estratégicos para las refinerías de Bagua y Pucallpa, licitar la concesión sur oeste, vender activos como el edificio de Petro-Perú, entre otras acciones.

Urge hacer un cambio en la Junta General de Accionistas para que el Ministerio de Economía y Finanzas tenga la mayoría decisoria, la que actualmente tiene el Minem. Debe renovarse y recomponer su directorio, con una mayoría de independientes y no debe haber un director representante de los trabajadores. Cabe precisar que el actual titular del Minem fue director de la empresa como representante de los trabajadores y en diciembre del 2023 renunciaron los dos directores representantes del MEF.

La reestructuración de la empresa debe estar a cargo de una comisión independiente, que permitirá mejorar su gestión interna, la cual debe ser por líneas de negocio (explotación, refinación, comercialización), pasando la operación del Oleoducto Norperuano al Estado como activo crítico e implementando una mecánica asertiva de reducción de personal. 

Sin embargo, lo más importante es identificar y tomar acciones contra todos los directores y/o funcionarios que ocasionaron que Petro-Perú pierda casi 3.300 millones de dólares de líneas de crédito, que eran necesarios para su operación, perjudicando así a la empresa estatal.

Estas medidas permitirán preparar a Petro-Perú para una participación privada. Es decir, se convertiría en una empresa mixta y el sector privado contribuiría con capital y buscaría la eficiencia, tal como Ecopetrol (Colombia).

Nadie, salvo los propios directivos, conocen la real situación y viabilidad de Petro-Perú. En el 2022, nos dijeron que con el financiamiento solicitado y la entrada en operación de la refinería de Talara las cosas se solucionaban. Nos mintieron. Hoy la empresa vuelve a pedirnos más plata con el mismo argumento. ¿Quién puede confirmar que eso ahora es cierto?

No se le puede creer nada a una firma cuya junta directiva llena de conflictos de intereses no nos muestra el plan de reestructuración que le encargaron a Arthur D. Little, oculto bajo justificaciones inverosímiles. A dicha junta renunciaron los directores designados por el Ministerio de Economía y hoy solo quedan cuatro: un director ‘independiente’, que ha sido trabajador de la firma; un representante de los trabajadores; y dos directores designados por el Minem, cuyo ministro es empleado con licencia de Petro-Perú. 

Por tanto, el primer paso es darle a la empresa una verdadera gobernanza que permita la designación de directores independientes que coadyuve a la contratación de una plana gerencial profesional que pueda tomar las estrategias operativas y financieras para reflotarla. 

Luego de hacer ‘limpieza’ en la empresa, recién se podría hablar de cómo hacer para atraer capital privado. Esto que es fácil decirse requiere una valiente decisión política que hoy no vemos en este gobierno.

El significativo deterioro financiero, comercial y reputacional de Petro-Perú de los últimos 29 meses es producto de la pésima gestión de la empresa. La dañina injerencia política a través del Minem, junto al débil gobierno corporativo, llevaron a que de la noche a la mañana se descabezase a la plana gerencial y se nombrase a directores poco calificados. La ausencia de control y la falta de transparencia facilitaron el colapso de esta “empresa sin dueño”.

¿Qué hacer? Definitivamente, no dar apoyo financiero alguno a esta administración para que siga haciendo más de lo mismo. Se requiere de una intervención urgente, empezando por la remoción de las autoridades del Minem –el actual ministro mantiene un conflicto de intereses– y cambiar al directorio de Petro-Perú y de Perú-Petro. 

En el muy corto plazo, Petro-Perú debe regresar de manera temporal al ámbito del Fonafe (para que sea supervisada) y, en un plazo no mayor a 90 días, debe anunciarse un plan de incorporación de capital privado a la gestión y al accionariado de la empresa que permita sanearla. La incorporación de capital y gestión privada debe implementarse en un período no mayor a los 18 meses. Para viabilizar esto último, probablemente el Estado deberá absorber parte de la deuda de Petro-Perú. La alternativa es liquidar la empresa, la cual es más costosa.