

La empresa estatal Petroperú atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años. A un año de emitido el Decreto de Urgencia N.º 013-2024, que dispuso el inicio de un proceso de transformación integral, la compañía sigue sin ejecutar los cambios previstos y enfrenta una nueva parálisis institucional tras la anulación de la licitación internacional que buscaba asesoría especializada de un administrador privado (CTO) para su reestructuración.
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De acuerdo con el portal especializado BNamericas, la convocatoria internacional para la contratación de servicios de soporte técnico fue declarada nula debido a que la oferta económica del Consorcio Arthur D. Little – DLA Piper, de US$ 13,6 millones, superó en 17% el monto referencial establecido. Con esta decisión, el proceso quedó suspendido y sin fecha definida para una nueva convocatoria.
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El Decreto de Urgencia N.º 013-2024, emitido en septiembre del año pasado, buscaba fortalecer la eficiencia operativa y financiera de Petroperú, tras los reiterados rescates estatales y su debilitada posición financiera. Entre las medidas contempladas figuraban la capitalización de deudas, la venta de activos no estratégicos, la incorporación de un Chief Transformation Officer (CTO) y el diseño de un plan de sostenibilidad con horizonte al 2028.
Sin embargo, los esfuerzos por implementar estas reformas se han visto frustrados. A la nulidad de la licitación se suma la falta de definición en el directorio de la compañía, luego de la salida del expresidente Alejandro Narváez en octubre. La Junta General de Accionistas, conformada por los ministerios de Economía y Finanzas y Energía y Minas, aún no concreta la recomposición de la dirección, que permanece bajo la conducción interina de Fidel Moreno.

Actualmente, Petroperú enfrenta una deuda que supera los US$ 6.000 millones, derivada principalmente de los costos de la modernización de la Refinería de Talara. En septiembre, el Gobierno otorgó un respaldo financiero por medio del Banco de la Nación, a través de una emisión de bonos por US$ 287 millones, con el fin de garantizar el abastecimiento de combustibles en el país.
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Mientras tanto, la empresa continúa operando en un contexto de alta incertidumbre institucional y financiera, sin hoja de ruta clara ni plazos definidos para reactivar el plan de transformación. El retraso en las decisiones y la falta de liderazgo estratégico mantienen a Petroperú en un escenario de vulnerabilidad que amenaza su sostenibilidad a mediano plazo.
La respuesta de Petro-Perú
La petrolera estatal informó mediante un comunicado que el proceso cumplió con establecer los requerimientos técnicos mínimos establecidos en el artículo 7 del Decreto de Urgencia N° 013-202.
Sin embargo, tras la revisión técnica de las cinco propuestas presentadas, se determinó que cuatro de éstas, no cumplían con los requerimientos técnicos mínimos establecidos, por lo que fueron descalificadas conforme a las bases del proceso, y la única oferta que cumplía técnicamente superó en 17% del monto estimado referencial (MER) por lo que el 7 de noviembre se declaró desierta la primera convocatoria del proceso.
“Petro-Perú iniciará la segunda convocatoria en la quince de noviembre, concluyendo el proceso indefectiblemente la tercera semana del mes de diciembre”, se lee en el comunicado.
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