Al Estado le costaría S/350 millones anualmente si se aumenta la pensión mínima al nivel del salario mínimo. (Foto: El Comercio)
Al Estado le costaría S/350 millones anualmente si se aumenta la pensión mínima al nivel del salario mínimo. (Foto: El Comercio)
Redacción Economía

A poco de cumplirse el plazo de la Comisión de Protección Social, encargada por el Ejecutivo para presentar sus sugerencias de reforma en materia laboral, previsional y de salud, el Congreso parece caminar a un ritmo distinto. En vista de que cualquier reforma integral en estos temas de fondo deberá contar con la anuencia de los legisladores, vale la pena revisar la agenda que se plantea desde el Parlamento al respecto.

Desde que se abrió la actual legislatura, se pueden identificar casi 40 proyectos de ley (PL) referidos al sistema de aseguramiento de salud y al en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

proyectos de ley presentados de caracter de seguridad social
proyectos de ley presentados de caracter de seguridad social

Esta comisión es presidida por Hernando Cevallos, congresista del Frente Amplio, y se compone por 15 miembros, de los cuales la mayoría pertenece a Fuerza Popular (8) y el resto se divide entre Peruanos por el Kambio (2), Frente Amplio (2), Acción Popular (1), Apra (1) y Alianza para el Progreso (1). En vista de esta distribución, no deja de resultar llamativo que el segundo grupo parlamentario con mayor cantidad de PL sea Acción Popular, con 12 proyectos de los 38, a pesar de tener un solo congresista en dicho grupo de trabajo, el parlamentario Yonhy Lescano. De los 38 PL, 15 tienen como objetivo la creación o cambios de regímenes de salud y pensionarios para grupos específicos de trabajadores. Allí se encuentran, por ejemplo, las propuestas para beneficiar a canillitas, bodegueros, tripulantes aéreos y mototaxistas. Otros grupos de personas potencialmente beneficiadas con los PL en discusión serían los de la familia militar y policial, y los trabajadores portuarios y pesqueros. En términos generales, las propuestas en debate en la comisión apuntan a un sistema previsional más fragmentado que el actual, con reglas pensionarias diferenciadas entre grupos de trabajadores, a contramano de la propuesta integral que se plantearía desde el Ejecutivo en pocas semanas.

Un segundo grupo de propuestas se relaciona, por un lado, con la elección de otras opciones de inversión y ahorro previsional que reemplacen o compitan con las AFP, y, por otro lado, con la flexibilización del retiro de fondos de las cuentas de pensiones. En el primer caso, se tiene por ejemplo al PL que autoriza a los bancos a recibir depósitos previsionales. En el segundo caso, se propone que sea posible retirar casi la totalidad del fondo acumulado si una persona no ha trabajado 12 meses –consecutivos o no– dentro de un plazo de 5 años, siempre que el afiliado sea una mujer mayor a los 50 años o un hombre mayor a los 55 años. De hecho, este último PL ya ha sido aprobado en la comisión, a pesar de las opiniones desfavorables de la Asociación de AFP, Ministerio de Economía, la SBS y Ministerio de Trabajo. La razón, según estas entidades, es que el proyecto desvirtúa el objetivo del sistema al quitarle el sentido previsional, causa un profundo desbalance financiero, y no reconoce que ya existen otros mecanismos como la CTS que sirven para mitigar el riesgo en caso de desempleo en el sector formal.

Proyectos de Ley presentados por bancada parlamentaria sobre temas de seguridad social.
Proyectos de Ley presentados por bancada parlamentaria sobre temas de seguridad social.

Un tercer grupo de proyectos propone aumentar las pensiones de distintas maneras. Por ejemplo, a través del cambio en las tablas de mortalidad o a través de una pensión mínima equivalente a la remuneración mínima vital (RMV) para los jubilados del sistema público y privado. En referencia a esta última propuesta, el PL no incluye un cálculo de los costos que implicaría para el Estado la mayor transferencia de recursos a la ONP –que ya se encuentra desfinanciada– para el pago de mayores pensiones. Según estimaciones del IPE, aumentar la pensión mínima a una RMV implicaría que el Estado transfiera anualmente en promedio S/350 millones adicionales durante los próximos 5 años.

Finalmente, el sector salud parece haber recibido menos atención que el previsional en la comisión. Existe un número menor de propuestas en este campo y estas han tendido a ser menos concretas en comparación con las referidas a los regímenes pensionarios, las AFP y la ONP. Por ejemplo, los PL crean el Sistema de Gestión de la Calidad en Salud y que declaran de necesidad pública la reestructuración de Essalud no tratan asuntos específicos sobre las reformas que requiere el sistema, tales como la unificación de fondos y la separación entre la financiación y la provisión del servicio.

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