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"La reforma del alquiler estatal", por Gonzalo Carranza

La semana pasada la OSCE y Qali Warma se quedaron sin cabezas por controversiales alquileres de oficinas. En ese contexto vale la pena mirar la iniciativa que adelanta el Reino Unido desde hace años

Austeridad

(Foto: AFP)

“Tenemos un enfoque de láser en reducir el déficit, dar impulso al crecimiento y proveer más vivienda. Con ese fin, estamos determinados a deshacernos de propiedades que el Gobierno ya no necesita y a desocupar costosos alquileres que no nos ofrecen valor por nuestro dinero”. La frase podría aplicarse a algún funcionario del actual Gobierno, que la semana pasada dejó sin cabezas a la OSCE y a Qali Warma por controversiales alquileres de oficinas, pero, en realidad, fue dicha en el 2016 por Matthew Hancock, entonces ministro de la Oficina del Gabinete del Reino Unido.

En el marco del fuerte ajuste fiscal que ha vivido dicho país tras la crisis financiera global del 2008, una de las preocupaciones de sus autoridades ha sido incrementar la eficiencia inmobiliaria del gobierno central británico. Entre el 2010 y el 2016, se había avanzado en una reducción de 27% en su uso de espacios, en camino hacia una ambiciosa meta de 75% en el 2023.

El esfuerzo del gobierno del Reino Unido se ve reflejado anualmente en una memoria entregada al Parlamento, cuyo título, no sin cierto humor, es “The state of the Estate”.

En este documento, se controlan cinco ‘key performance indicators’ o KPIs: i) el área total que usa el gobierno; ii) el costo total de dicho uso inmobiliario; iii) el ratio de utilización de espacio de oficina por persona; iv) el cumplimiento del compromiso de conseguir edificios en el primer cuartil de eficiencia energética; y v) un desempeño sostenible en emisiones de gases de carbono, basura y consumo de agua.

Lo que empezó como una iniciativa de ahorro se ha vuelto también una oportunidad para mejorar y experimentar. Destacan programas como One Public Estate, que reúne diversos servicios locales en una ubicación, o los Government Hubs, una suerte de ‘coworkings’ públicos, donde los ahorros en costos inmobiliarios -allí la meta de uso de espacio por persona es 30% más exigente que el objetivo general- se pueden traducir en mejor equipamiento tecnológico y mobiliario. Además, en estos ‘hubs’ se promueve la colaboración entre entidades.

Otras iniciativas involucran el trabajo móvil o remoto y la desconcentración de sedes desde la capital hacia otras ciudades, no solo para encontrar ‘real estate’ más barato, sino también para promover oportunidades de desarrollo económico.

La Oficina del Gabinete y, en particular, la Unidad Inmobiliaria del Gobierno son los encargados de acelerar estas iniciativas, reportar sus avances y establecer las metas de corto y mediano plazo. Para ello, cuentan con abundante información a nivel del gobierno central y vienen exigiendo a los gobiernos locales que también realicen sus inventarios y los compartan para identificar oportunidades de ahorro y mejora.

Bien valdría evaluar de cerca la experiencia británica antes de realizar ajustes de corto plazo, que solo sirven para la foto.

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