(Foto: El Comercio)
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Redacción EC

Aun cuando se han acogido al régimen de Reprogramación de Pago de Aportes Previsionales al Fondo de Pensiones (Repro-AFP), dieciséis regiones incumplen con el pago de deudas atrasadas a las , y con ello perjudican a miles de trabajadores del .

Según informó la Asociación de AFP, las Unidades Ejecutoras de Educación del Gobierno Regional de Madre de Dios no han cancelado ninguna de sus dos primeras cuotas previstas en el régimen Repro, mientras que las de Amazonas, Huánuco, Junín, La Libertad, Tumbes y Ucayali pagaron menos del 5%.

Con este incumplimiento, las autoridades de dichas regiones volvieron a afectar a 150.499 servidores públicos del sector educación, la mayoría de ellos profesores de colegios estatales, a quienes se les descontaron de sus sueldos los aportes que debían ser destinados a sus fondos de jubilación en las AFP.

La sostuvo que no solo los gobiernos regionales mencionados son los únicos deudores. Indicó que otras entidades públicas tampoco han honrado su palabra de pagar las dos primeras cuotas de las hasta 120 cuotas comprometidas a través de Repro.

"Por ejemplo, los gobiernos regionales de Apurímac no ha cancelado el 89% del monto de sus dos cuotas, Ayacucho el 85,6%, Cusco el 85,2%, Áncash el 83% y Tacna y Huancavelica adeudan la mitad del pago de sus obligaciones", indicó el citado gremio.

También señaló que, en un menor porcentaje de incumplimiento, las autoridades regionales de Puno han dejado de pagar el 25%, la región Loreto el 1,3% y San Martín el 0,1%.

En contraste, quienes sí cumplieron con pagar el 100% de sus dos primeras cuotas, fueron las Unidades Ejecutoras de Educación de los gobiernos de Arequipa, Cajamarca, Ica, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco y Piura.

La deuda total que mantienen los gobiernos regionales y sus Unidades Ejecutoras asciende a S/828,6 millones por los aportes no pagados al sistema privado de pensiones de sus 200.932 trabajadores y ex trabajadores.

Además, el 83% del total de la deuda (S/691,3 millones) corresponde a las unidades ejecutoras del sector educación, en las que figuran 150.499 afiliados al sistema privado de pensiones, la mayoría de ellos profesores de colegios estatales.