(Ilustración: El Comercio)
(Ilustración: El Comercio)

Desde el 2000, cuando se promulgó la Ley Marco de los Organismos Reguladores (OR), se establecieron los elementos comunes de estas entidades. Desde entonces, no ha habido un cambio importante en su fortalecimiento. Después de 17 años, es hora de empoderar a Ositrán, Sunass, Osinergmin y Osiptel para que puedan reforzar su acción frente a las empresas concesionarias de los servicios públicos.

Y es que los son fundamentales para la atracción de la inversión privada. Su labor es como la de un árbitro donde juegan las empresas concesionarias y los usuarios. El Estado es como la federación: dicta las reglas, a través del contrato de concesión. Por eso, el árbitro debe ser neutral. No debe favorecer al usuario, sino asegurarse de que la empresa cumpla con el contrato (que se supone está bien hecho). Si las reglas del contrato son claras y los incentivos están correctamente alineados, los dos equipos deben ‘ganar’ el partido. Así se tendrán usuarios satisfechos con el servicio y empresas eficientes con utilidades razonables, lo que implica que se maximiza el bienestar de la sociedad.

Recordemos que la presencia de los reguladores en nuestro modelo de economía fue pensada para garantizar su independencia de criterio, su autonomía funcional y su transparencia. Estas condiciones han estado presentes en el funcionamiento de los servicios públicos durante los últimos 20 años en el Perú. Pero ¿qué falta?

Entre las propuestas de fortalecimiento discutidas en un reciente foro organizado por la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, se plantearon algunas acciones. Por ejemplo, se propone modificar el mecanismo de selección de miembros del consejo directivo de los OR que actualmente maneja una comisión nombrada por el Poder Ejecutivo. La idea es que la comisión la tome un organismo constitucionalmente autónomo como el Banco Central de Reserva. Por otro lado, se debe mantener el marco laboral de los OR actualmente en el régimen privado. Asimismo, se debe permitir que cada OR, a través de su consejo directivo, apruebe sus documentos de gestión interna y sus escalas remunerativas.

Pero no todo debe ser pedir; también debemos exigirles y bastante. Por ejemplo, es necesario que los OR implementen un sistema de evaluación de impacto regulatorio (RIA, por sus siglas en inglés) para sus decisiones, de manera de no sorprender ni a los usuarios ni a las empresas. Adicionalmente, como parte del proceso de consulta de los proyectos regulatorios, los RIA deben ser publicados. Por último, es fundamental reforzar las políticas y prácticas de rendición de cuentas a través de reportes al Gobierno Central, al Congreso y al público en general. Estos reportes deben ser periódicos e incorporar indicadores de desempeño, resultados operativos e impactos económicos de su presencia. Es decir, deben indicar cuál es el beneficio neto para la sociedad de su existencia. Así, la sociedad verificará la razón de ser de los OR y entenderá su labor.

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