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"Regulando a los paseadores de perros", por Alejandro Falla

Las licencias ocupacionales –el Estado decide quién puede desarrollar una ocupación–, pueden generar un problema serio para la competencia y los consumidores

Alejandro Falla

(Foto: El Comercio)

Quizás usted los haya visto caminando por las calles. A veces van con tres o cuatro perros a la vez. Hacen lo que sus dueños no pueden o no quieren hacer: sacar a caminar a sus mascotas. Es un servicio que se empieza a expandir en las grandes ciudades. Al igual que en el caso de los taxis, han aparecido plataformas (app) que buscan facilitar la interacción entre quienes ofrecen esos servicios y quienes los requieren. Para muchas personas se trata de una alternativa nueva de trabajo.

Ni los paseadores de perros pueden librarse de la tentación regulatoria que afecta a quienes tienen el poder. Hace poco una municipalidad les puso la puntería y decidió establecer un registro para paseadores de perros. Sin registro, la ocupación es por lo menos informal. Si bien las exigencias para el registro no parecen exageradas, es probable que a futuro el registro deje de ser gratuito y se vuelva obligatorio asistir a cursos de capacitación. Esto es lo que ha sucedido en Buenos Aires y que algún iluminado buscará imitar.

Es probable que a futuro solo sea posible ser un paseador de perros previa autorización municipal. No exagero. En algunos lugares de Estados Unidos actualmente se requiere de una licencia para ser bartender o maquilladora. Al final, serán los paseadores registrados quienes defiendan el sistema.

Un ejemplo logrado de este sistema de autorización previa para el desarrollo de una ocupación es el de los colegios profesionales. Creados por ley y administrados por quienes han sido admitidos “en la orden”, los colegios profesionales otorgan una habilitación para el desarrollo de la profesión. Colegiatura obligatoria, le dicen. Sin dicha habilitación, no resulta posible ejercer una profesión para la que uno se encuentra calificado, tomando en cuenta los años de estudios previos y el título otorgado a nombre de la nación por alguna universidad. El ejercicio de la profesión sin la licencia o autorización de un colegio se considera un ejercicio ilegal de la profesión que es perseguido y sancionado penalmente.

Hasta la fecha se han creado 35 colegios profesionales. Los hay para todos los gustos. Desde los conocidos como el de abogados, médicos e ingenieros hasta los no tan populares como el de estadísticos, sociólogos, matemáticos, físicos, geógrafos o el de licenciados en turismo. En el Congreso hay proyectos que buscan la creación de un colegio de fisioterapeutas, gestión pública, publicistas y de historiadores. Todos quieren lo mismo: colegiatura obligatoria para el ejercicio de la profesión.

Las licencias ocupacionales –el Estado decide quién puede desarrollar una ocupación– pueden generar un problema serio para la competencia y los consumidores. Limitan el acceso al mercado de nuevos jugadores (al negar la licencia a profesionales extranjeros, por ejemplo), dan lugar a una serie de abusos (cobros no justificados por derecho de colegiatura, por ejemplo) y facilitan el incremento de los precios que pagan quienes demandan los servicios de estos profesionales.

Los únicos que ganan con este sistema son quienes acceden a una licencia o al colegio. En vez de crear nuevos colegios profesionales, el Congreso debería ver la forma de desmontar el sistema de licencias ocupacionales y de colegios profesionales. No queremos a futuro ver un colegio de paseadores de perros.

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