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"La república informal del Perú", por José Carlos Saavedra

Lo sostenible en el largo plazo es enfrentar la informalidad

Informalidad

(Foto: El Comercio)

El riesgo de los lobbies es muy conocido y real. Usualmente estos son grupos pequeños que, apoyados en su capacidad de organización, tienen el poder de ejercer presión sobre el gobierno para que este apruebe políticas que los beneficie. El resto de la sociedad, la gran mayoría poco organizada, termina pagando la cuenta. Lo que viabiliza esto es que los beneficios se concentran en un grupo muy pequeño y los costos se reparten entre muchos. Los primeros tienen fuertes incentivos para organizarse, pero los segundos no.

En el Perú seguramente existen estos lobbies. Por ejemplo, los lobbies empresariales que buscan protección frente a la competencia de las importaciones, los mineros ilegales o, como ha quedado claro recientemente, las cooperativas de ahorro y crédito, que se mantienen exentas de regulación y supervisión.

Frente a esto, el gobierno debe priorizar políticas que beneficien a la mayoría. Sin embargo, ¿qué pasa si la mayoría está conformada por la economía informal? ¿Qué pasa si este grupo adquiere poder de influencia, ya sea por su gran tamaño o porque empieza a organizarse?

Diferenciemos. En el mundo informal hay un grupo importante que no tiene alternativa, porque sus bajos niveles de productividad no les permite sobrepasar la elevada valla de costos hacia la formalidad. Son unidades productivas básicamente de subsistencia. Pero hay otro grupo no menor que, a pesar de poder pagar impuestos, elige no hacerlo. Acá están muchos profesionales independientes, transportistas, comerciantes, entre otros negocios de mediano a gran tamaño. Este grupo tiene capacidad e incentivos para ejercer presión –tal como lo hacen los lobbies tradicionales– y así seguir beneficiándose con servicios públicos sin pagar la cuenta.

¿Qué pasa si el gobierno empieza a evitar la confrontación con estos grupos informales organizados? Probablemente, nada bueno. Esto implicaría, por ejemplo, que el gobierno continúe priorizando políticas que carguen el costo de los servicios públicos solo a una minoría de trabajadores y empresas formales.

Estamos viendo algunas señales de esto. En el contexto de la discusión de la medida que buscaba ampliar el número de trabajadores que paga Impuesto a la Renta, el gobierno anunció una clara orientación de política: no va a tomar ninguna medida que afecte a los hogares de menores ingresos. El objetivo es notable. El problema es que se está definiendo como “población de menores ingresos” al 91% del total de trabajadores, quienes no pagan Impuesto a la Renta.

Seguramente lo más fácil es concentrar el costo del Estado en el 9% de trabajadores o en el 0,6% de empresas que explica el 77% de la recaudación, pero eso tiene un límite y solo es rentable en el corto plazo. Acá corremos el riesgo de generar un círculo vicioso en el que el pequeño sector formal pierde competitividad y se generan mayores incentivos para permanecer en la informalidad. Esto aumenta más el peso de la economía informal y su capacidad de influenciar en las políticas.

Lo que sí es sostenible y rentable en el largo plazo es no ceder y, más bien, enfrentar la informalidad y la evasión tributaria. Según el MEF, cada año el Estado deja de recaudar cerca de 8% del PBI debido a la evasión y elusión de IGV y del Impuesto a la Renta. Reducir esto no solo generará más recursos, sino también mejores incentivos y mayor competitividad. No siempre el camino más fácil es el correcto.

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