(Foto: El Comercio)
(Foto: El Comercio)
Redacción EC

Christian Sánchez asumió el despacho del en un contexto en que los retos de siempre suenan más grandes que antes. La en el país, que abarcó el 66,77% de la fuerza laboral el año pasado, creció casi 7% en ese período y continúa siendo el primer punto en la agenda del sector.

Los expertos consultados por El Comercio coincidieron en este diagnóstico y las recetas para ello son diversas. Para Pablo Lavado, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, la principal meta en el corto plazo es diseñar políticas específicas para cada sector, comenzando por comercio, servicios, construcción y agricultura, que tienen mayores tasas de informalidad.

“Una sola política macro no va a funcionar. En el corto plazo lo que va a funcionar son políticas sectoriales específicas para fomentar la formalidad”, advierte.

Por su parte, Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, apunta que la prioridad es cerrar los huecos por los que se subsidia la informalidad. Ello, sin embargo, no es una tarea exclusiva del MTPE en cuanto a reformas, pero sí es un actor clave, considera.

La informalidad tiene una incidencia especialmente alta entre los jóvenes y, para atacar ello, Macera considera que se requiere una mejor articulación de la oferta y la demanda laboral.

“Se necesita multiplicar por varias veces experiencias como Laboratoria, los convenios que tiene Senati. Es decir, orientar la oferta educativa a la demanda laboral, de manera más clara y masiva”, sostiene.

A su turno, Jorge Toyama, socio del estudio Miranda y Amado, ve clave que los peruanos tengan seguros de salud y de pensiones, lo cual pasa por fomentar esa cultura. Al respecto, Lavado precisa que el empleador y empleado podrían elegir a qué régimen de salud contribuir para incentivar el aseguramiento.

LA REFORMA PROMETIDA
El segundo punto clave en la agenda de Christian Sánchez será buscar la esperada reforma laboral. La última vez que esto se emprendió en el Perú fue en 1982, recuerda Toyama.

Sobre este punto, Macera señala que hay varios temas normativos que se pueden abordar en el corto plazo. Por ejemplo, anota que se pueden mejorar las reglas de trabajo a tiempo parcial y a distancia; que son cada vez más importantes en la economía moderna. Al mismo tiempo, se requiere simplificar el compendio de normas laborales aplicables al contratar.

Todo esto exige ser comunicado con estrategias que resalten los beneficios de las normas y no se repitan los errores de la llamada ‘ley pulpín’, agrega.

La flexibilidad es una de las claves de la reforma laboral en espera, dice Lavado. Es necesario facilitar la contratación y despidos según cómo venga la actividad económica, pero al mismo tiempo que no haya vulnerabilidad para los empleados, indica.

Un punto clave a resaltar, según Toyama, es que normalmente se habla de una reforma laboral que beneficiaría solo a los 3,4 millones de trabajadores formales en el país. Los mecanismos y políticas –afirma– deben apuntar a la fuerza laboral de 16 millones de peruanos.

Más allá de las consideraciones sobre la reforma pendiente, es importante considerar su factibilidad. Para Javier Dolorier, socio de G&D Abogados, no hay condiciones para poder emprenderla, pues el Congreso tiene una orientación populista que no está alineada con la reforma.

Políticamente –coincidió Toyama– no hay espacio para tal reforma laboral en el corto o mediano plazo, pues requiere consenso en el Consejo de Ministros y el Congreso, además de cierto consenso social.

Contenido sugerido

Contenido GEC