Nuevo superintendente de la SBS revela cambios estratégicos para fortalecer el sistema financiero

¿Qué ejes va a tener su gestión a cargo de la SBS? ¿Se va a continuar la línea de su antecesora Socorro Heysen?

La superintendencia ha tenido en los últimos años una gestión muy profesional. Es una buena ocasión para hacer un balance de las cosas a mejorar. En ese sentido, una de esas es hacia adentro. La superintendencia creció mucho en los últimos 20 años en términos de funciones y mandatos. Ese es un eje que al que se le va a dar la atención correspondiente.

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El otro [aspecto] tiene que ver con la relación de la superintendencia con el público por un lado, pero también con otras instituciones del Estado. Tengo la impresión de que algunas veces la superintendencia no tuvo la suficiente empatía para relacionarse con otras instituciones del Estado. Mi intención es que esto mejore. Podemos ser un poco más constructivos.

El tercero tiene que ver en sí con la función de fondo de la superintendencia: la estabilidad de los sistemas supervisados. Hay un margen para mejorar algunos marcos legales en algunos aspectos. Por ejemplo, el tema de microfinanzas.

Ese primer punto, ¿implicará separar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras áreas?

No, es un estudio de la estructura que tiene la superintendencia. Hay que reordenar [las áreas dependientes a la oficina del superintendente] de manera más eficiente. También tenemos que revisar nuestra aproximación propia e interna a la digitalización y a la modernización de nuestros sistemas, hay espacio para crecer también.

¿Cuándo se espera tener ese reordenamiento listo?

Esto tiene dos partes. La primera es fundamentalmente administrativa. Estamos en conversaciones con algunos proveedores, con algunas consultoras para ver con cuál se hace un convenio, de acuerdo a la ley de contrataciones. Es algo que debe durar dos o tres meses.

Paralelo a eso, hay otra dimensión del reordenamiento ya no tan administrativa sino funcional. Tenemos un área adjunta de Banca, una de Seguros, una de AFP, una de Cooperativas, una de Estudios Económicos y una de Riesgos. Muchas veces no hay los adecuados puentes de comunicación entre esas áreas. Necesitamos revisar si esa estructura de separar por cada uno de los mercados y la especialización de Riesgos y Estudios está funcionando o no. Estamos en conversaciones para que el Fondo Monetario [Internacional] nos ayude con experiencias externas de cómo se relacionan las áreas de supervisión en el día a día. Eso tiene otro plazo, que es muy preliminar todavía.

¿Qué situación observan en las cajas municipales? Hasta mayo unas 15 microfinancieras reportaban una rentabilidad patrimonial negativa, según Diario Gestión. Además, Caja Sullana y Caja Raíz se declararon en disolución.

La ventaja del sistema financiero es que toda la información es pública. Lo primero, en todo sistema financiero y en cualquier coyuntura económica siempre hay empresas a las que no les va a ir bien y que van a salir del mercado. Eso no necesariamente es un mal síntoma, puede ser entendido como un síntoma de que el sistema va evolucionando y se quedan los actores más capitalizados, más fuertes y más capacitados. Dicho eso, en los últimos años el Perú y el mundo enfrentaron unas crisis atípicas. Además, en el caso peruano esto coincidió con la crisis política y la económica de 2021-2022. Eso generó un problema en la relación ingresos-deuda, sobre todo en el sector consumo y en el de microempresas o de pequeña empresa. Las empresas financieras dedicadas a trabajar con esos sectores han sufrido un problema por el aumento de la mora. Todavía las cifras no son críticas.

En general, vemos que los ratios de ingresos versus deuda en el Perú se mantienen debajo del 30%, pero han crecido del 27% al 29% en los últimos tres años. Esperamos que empiece a revertirse, pero la tendencia es negativa. La mora ha crecido, la cartera de alto riesgo creció. Sin embargo, el sector microfinanciero tiene un nivel de provisionamiento encima del 100% de la cartera de alto riesgo, porque se han construido colchones de provisiones y de capital que hacen que el sistema esté preparado en su conjunto para soportar estos shocks.

La buena noticia, suponemos todos y parece vislumbrarse, es que a partir del próximo año o un poco a partir de este año la curva de la economía empiece a cambiar, a crecer. Si no hay ninguna pandemia o alguna catástrofe, la economía peruana debería mejorar. Por lo tanto, debería mejorar la capacidad de pago de la gente y la situación de las microfinancieras. Eso no quita que se deban trabajar algunos aspectos. Por ejemplo, mejorar el gobierno corporativo en algunas entidades o tratar de ver la posibilidad de fusiones o uniones entre algunas entidades para tener un tamaño que les permita ser más productivas. A una empresa que no tiene la escala suficiente, no importa el entorno económico, no le va a ir bien si no crece adecuadamente.

¿Cuántas entidades están en riesgo?

No tenemos una estadística en el sentido de cuántas están en riesgo. Medimos el nivel de capital, el de provisiones y el nivel de utilidades o pérdidas donde sí hay una bandera roja, porque hay varias que han tenido pérdidas en varios años. Pero también es cierto que muchas de esas respondieron a la coyuntura poniendo capital. Si siguen en esa actitud van a poder superar el shock, y aún si continúa, no correrían riesgo. También depende de cómo responden las entidades. Por ejemplo, si se fusionan, si consiguen un socio estratégico, si ponen más capital y/o si son vendidas.

No se espera entonces una nueva disolución de una caja.

Siempre puede ocurrir en cualquier mercado financiero, por sano y sólido que esté.

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En esta situación, ¿qué aspectos consideran que pueden ajustar en la ley de fortalecimiento de las cajas municipales?

Tenemos un sistema en el que se han hecho cambios en la ley, por ejemplo, para permitir la entrada de socios estratégicos en las cajas municipales. En la práctica no entró ninguno. Creemos que vale la pena estudiar la ley para ver si los requisitos para la entrada de un socio pueden flexibilizarse un poco. Por ejemplo, que pueda tener un capital incluso mayor sin que la caja municipal deje de ser caja municipal, porque entendemos que es una suerte de patrimonio de la ciudad. El otro punto es el directorio [de las cajas]. Entiendo que el esquema actual de designación de directorios es uno que representa a la comunidad y eso está muy bien, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de manejar una empresa financiera. Eso es algo que no lo pueden hacer solo los representantes de la comunidad, sino que tienen que ser representantes lo suficientemente profesionales, capacitados y experimentados para enfrentar el reto.

La otra opción es la consolidación de cajas a través de la unión de varias cajas para hacer negocios de escala mayor. Es algo que podría ser estudiado. A veces, tener una caja propia de la ciudad puede sonar muy bonito, pero si eso va a conducir a que no sea viable en el corto o largo plazo, es mejor tener una caja regional que nos represente a todos.

Respecto a las cooperativas, ¿cuándo estará funcionando el Fondo de Seguro de Depósitos para ese segmento?

El Fondo de Seguro de Depósitos [de Cooperativas] empieza a operar a partir del 2025. Estamos en proceso de conversar la posibilidad de que haya una línea de crédito, incluso para un fondeo inicial, porque el fondo se constituye con los aportes. Tal como están las cosas hoy, el fondo va a partir de cero el 1 de enero del 2025 y en una eventualidad no va a poder responder. Entonces, hay que alimentar ese fondo. Nuestra idea es que haya un crédito adicional a los aportes de las cooperativas.

¿Qué otros aspectos se han implementado para las cooperativas?

Lo que hemos hecho con las cooperativas fue un trabajo distinto. La superintendencia entró a un sector donde no había información, esta era poca y mala, porque no había un sistema de supervisión adecuado. Se ha encontrado una variedad de figuras: cooperativas que no existían, otras que tenían un local con un letrero, pero nunca abrían la puerta, otras eran usadas para fines delictivos, y otras sí funcionaban regularmente, pero también habían las que eran muy pequeñas y no sostenibles. Otras incurrieron en una serie de negocios que no son propios del sector cooperativo.

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Nuestra meta es cerrar este año con esta estabilización y a partir del 2025 tener el Fondo de Seguros Cooperativo, la Central de Riesgo de Cooperativas, y [así] puedo construir, promover y alentar mecanismos como fusiones y el gobierno corporativo en el sector a partir del próximo año. Esa es nuestra meta.

¿También atacar el tema de lavado de activos en cooperativas?

Hay una regulación al respecto, tienen que tener un oficial de cumplimiento.

¿Basta con tener solo un oficial de cumplimiento?

No basta, porque hay que hacer una supervisión más profunda, pero la prioridad claramente ha estado primero en estabilizar. Entramos a un sector que era completamente desconocido, sin información. Para poner como ejemplo, una de las acciones fundamentales en el sector es tratar de que la contabilidad que presentan [las cooperativas] realmente refleje su situación, porque no era así. Y eso es lo mínimo que una empresa debe tener, más aún una que hace finanzas.

"Ahora no es el momento de rendirse y decir que no voy a llegar al 2026 [en la implementación de Basilea III] cuando todavía faltan dos años"

Sergio Espinosa, superintendente de la SBS.

¿Qué avance se tiene en la adecuación al estándar internacional Basilea III?

Hay puntos pendientes por adoptar. La meta [de culminación] es el 2026, la propia ley que salió adoptando los criterios de Basilea III dijo que había un plazo de adecuación porque significa más cargas de capital, además en un entorno que no fue el mejor. La entrada en vigencia de las normas de Basilea y de los requerimientos progresivos de capital han coincidido con la crisis económica, con lo cual no es el mejor escenario y hemos tratado de ser lo más flexibles posible. La buena noticia es que el Perú ya tenía implementada algunas cosas, no es que hemos empezado de cero. Eso nos ha permitido o nos va a permitir un aterrizaje más suave.

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¿Hay algún estimado de avance porcentual?

No lo he medido. No sé si podríamos hablar de un 50%, pero sí creo que estamos en el camino correcto.

También se prorrogó el límite global de solvencia. ¿Esto ayudó dentro de lo que es la implementación?

Es algo que tenemos que discutir ahora, porque la prórroga vence el 31 de agosto, me parece. Tenemos que discutir si se va a prorrogar o no, todavía no hay una definición. Ha sido útil en el contexto de pandemia y de la crisis económica del 2021, pero ya no estamos en esa situación. Es cierto que producto de eso todavía hay una resaca que se vive en el sector microfinanciero, pero del otro lado la economía está dando señales de respuesta.

La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito había planteado que la implementación de Basilea III sea hasta el 2028. ¿Es posible extenderlo un par de años más a lo previsto?

Hay que verlo con cuidado. Tal vez tenga sentido, por ejemplo, pensar que voy a poder llegar recién al 2028, pero tal vez también tiene sentido pensar cuándo podría llegar si tuvieran un socio estratégico. Ojo, socio estratégico no es dinero solamente, sino tecnología, conocimiento del negocio y por lo tanto esa posibilidad permitiría perfectamente culminar esa discusión de la necesidad de pensar en más plazos sin perjuicio. Ahora no es el momento de rendirse y decir que no voy a llegar al 2026 cuando todavía faltan dos años.

Sobre los retiros de fondos en las AFP, ¿cuánto es el estimado de fondos retirados por los usuarios hasta la fecha?

Son como S/27 mil millones que se han solicitado hasta el 13 de agosto.

¿Y cuánto falta por retirar dentro de lo estimado?

Es difícil pensar en cuánta gente va todavía a presentar. Sí es claro que ya se está retirando por debajo de los máximos (4 UIT). En la práctica no están llegando como promedio a eso. El monto promedio retirado hasta ahora son S/6.423,50.

Sobre la reforma de pensiones, el proyecto legislativo que aún se encuentra en el Congreso, ¿qué observaciones tienen?

Tiene puntos buenos y malos. Uno bueno es la introducción del concepto de solidaridad, es un tema importante, por ejemplo, a través de la pensión mínima. Eso hay que contabilizar adecuadamente, porque va a significar la participación del Estado en la financiación de todo esto. Los mismo [con] la pensión por consumo, por ejemplo, que detrae una parte del IGV, si no me equivoco. Ya no va al Tesoro, sino a la pensión. ¿Se puede pagar o no se puede pagar? Ese es un tema.

Hay elementos interesantes como la introducción de competidores adicionales, pero tiene que ser precisado, de forma que se entienda que se debe respetar el principio de autonomía patrimonial. Ese principio existe en la ley de AFP y tiene que ser respetado para cualquiera que administre un fondo.

Hay algunas cosas en la ley no son claras, probablemente podrían tratarse en el reglamento. Estamos a la espera de si el Congreso apruebe la reconsideración o no, y si se abre o no un nuevo espacio para otra discusión.

¿Los sistemas previsionales, el nacional y el privado, tuvieron que ser complementarios en vez de competidores?

Por ejemplo, ese es un tema de discusión, porque el proyecto de ley de alguna manera los sigue haciendo competidores. Una de las cosas que dice el proyecto es que los nuevos afiliados van al sistema nacional, lo cual no tiene mucho sentido, porque el sistema nacional no está financiado. Eso genera un hueco presupuestal en el tiempo. Ese es un asunto en el cual creo que la ley no cumple con solucionar.

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¿Que opinión hay sobre las acciones del Congreso en sus propuestas de banca y finanzas, y el hecho de que reciben opiniones consultivas de entidades técnicas como la SBS, pero que al final no son tomados en cuenta?

Hemos optado en publicar en nuestra web todas las opiniones que hacemos sobre proyectos de ley, de manera que cualquier interesado puede ver lo que pensamos sobre determinado tema. Esto no quiere decir que siempre tenemos razón. Hacemos una opinión técnica, no necesariamente somos los dueños de la verdad. Sí somos una entidad con mucho conocimiento y que está en capacidad de opinar sobre cosas como, por ejemplo, la ley de tope de tasas. Es muy peligroso cuando a veces los criterios técnicos no se toman en cuenta. Lo mínimo que se podría hacer es que por lo menos sean leídos, evaluados y si se quiere, descartados, pero por lo menos tomados en cuenta.

Ahí volvemos al tema de las alternativas.

Correcto. Obviamente no se puede hacer en cualquier caso. A veces hay ideas que pueden reflejar una inquietud válida y de repente la solución planteada no es la ideal, pero se le puede encontrar otra. Hay que tener un espíritu más de colaboración.

¿Qué opinión tienen sobre la propuesta legislativa de eliminar el cobro de comisión de en las transferencias interbancarias y en el pago de tarjeta de crédito?

Es algo que hay que mirar con cuidado. Primero, hay que tener en cuenta que cualquier eliminación de cualquier tipo de cobro simplemente se traslada a otra cosa. La realidad no se modifica por la ley. Hay que tener en cuenta eso, porque puede ocurrir que se empiecen a cobrar cosas que no tienen sentido. Hay que discutirlo, porque ciertamente hay un servicio prestado de que tengo que conectarme con el otro banco y hacer una comprobación, y eso no necesariamente tiene por qué ser gratis. Uno puede discutir si es muy caro o menos caro, es otro problema y es un tema de definición de precios. Hay que tener cuidado cuando se quiere eliminar comisiones y sí hay un servicio efectivo que se está prestando, porque si no ese servicio que se presta se va a cobrar vía tasa de interés.