Socias de Odebrecht son comprendidas en Decreto de Urgencia 003

Las empresas socias y que operan en consorcio con la constructora brasileña Odebrecht serán comprendidas en los alcances del Decreto de Urgencia 003. Esto luego de que el Congreso aprobara anoche el proyecto de ley 1410 que modifica el texto del mencionado decreto.

Con 55 votos a favor, 29 en contra y 0 abstenciones, el pleno del Congreso aprobó exonerar de segunda votación el proyecto de ley 1410. Con esto, la norma quedó lista para ser promulgada u observada por el Ejecutivo. En la primera votación, el dictamen obtuvo 52 votos a favor, 21 en contra y 7 abstenciones. 

Durante el debate, uno de los puntos de la norma que generó el rechazo entre los legisladores de diferentes bancadas fue la incorporación de solo aquellas empresas que operen en sociedad con la constructora brasileña con una participación mayor al 10%.

"No existe corrupto chiquito, mediano o grande. No podemos hablar de porcentajes, el corrupto es corrupto y hay que castigarlo", dijo Richard Acuña, congresista de Alianza para el Progreso.

En la misma línea, los parlamentarios Víctor Andrés Belaúnde, de Acción Popular, y Wilbert Rozas, del Frente Amplio, se pronunciaron en contra. “O sea, ¿las empresas que tuvieron una participación menor al 10% no son corruptos y no deben de ser enjuiciadas? Claro que sí. No debería hablarse de porcentajes”, objetó Rozas.

Tras este debate, se acordó modificar el dictamen. Así, el texto aprobado por el pleno se aplicará a las socias con una participación mayor al 5% de Odebrecht y de otras empresas que eventualmente sean halladas culpables de actos de corupción o que confiesen los mismos. De esta manera, grandes constructoras como Graña y Montero y JJC Contratistas Generales quedarán incluidas en el Decreto de Urgencia 003. Otros socios actuales de Odebrecht en contratos con el Estado son los fondos de inversión Brookfield y Sigma, que participan junto con la brasileña del consorcio Rutas de Lima.

La constructora Obrainsa, en tanto, aclaró a este Diario que su sociedad con Odebrecht terminó en junio de este año, al amparo del mismo decreto de urgencia, con lo cual ahora ella sola tiene la representación contractual en sus acuerdos con el Estado, sin el concurso de Odebrecht. 

Según el contenido de la norma, que tendrá una vigencia de seis años, las empresas condenadas por corrupción o que hayan admitido actos de dicha índole, así como sus socias y consorciadas, no podrán transferir dinero del país hasta que se pague el total de la reparación civil a favor del Estado y tampoco podrán vender activos sin la autorización del Ministerio de Justicia.

También se dispone la retención de las utilidades sobre contratos vigentes con el Estado.

RECHAZAN DECISIÓN
Roque Benavides, presidente de la Confiep, lamentó la decisión del Congreso.

“Me sorprende que el Congreso apruebe una ley en ese sentido […] Hay empresas de ingeniería nacional que merecen pasar por lo menos por el Poder Judicial en vez de que sea maltratadas por un decreto”, dijo Benavides a El Comercio.

Por su parte, Graña y Montero consideró que la norma es inconstitucional y afecta los intereses de la compañía y sus más de 23 mil trabajadores.

“El Grupo Graña y Montero tomará todas las medidas legales que correspondan, de tal forma de defender su derecho a la presunción de inocencia, tal y como establece la Constitución Política del Perú”, señaló a este Diario.

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