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¿Son adecuadas las medidas sobre la defensa del consumidor?

Proyectos de ley y disposiciones del Indecopi y Osiptel muestran un renovado activismo en la defensa del consumidor. Sin embargo, la lógica económica de muchas de estas medidas está en duda

Defensa del consumidor

(Foto: El Comercio)

El jueves, en el patio del Congreso, se celebró el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. En el marco de esta fecha, este Diario revisó algunos de los proyectos de ley que abordan la defensa del consumidor en diversos ámbitos y que aún esperan ser discutidos y aprobados en las distintas comisiones del Parlamento. Una rápida búsqueda arrojó más de 15 iniciativas. Sin embargo, los dos casos que han generado mayor controversia con respecto a esta temática se han desarrollado lejos del fuero parlamentario.

Uno de ellos es la (mal) llamada ‘ley canchita’. En febrero, el Indecopi determinó que los establecimientos Cinemark y Cineplanet ya no podrán prohibir a los usuarios ingresar a las salas de cine con alimentos propios. De acuerdo con el organismo, esta restricción constituye una práctica abusiva.

Por otro lado, el Osiptel aprobó hace unos días la norma que prohíbe la venta o alquiler del primer decodificador en el servicio de TV de paga, pues considera que los mencionados equipos son imprescindibles para utilizar el servicio y forman parte de la red del operador.

Defensa del consumidor

(Infografía: Pedro Vega)

¿AVANCE POSITIVO?
La tendencia parece ser clara: la defensa del consumidor toma cada vez más un rol protagónico en la agenda pública. Sin embargo, no todos parecen estar de acuerdo en la manera en que esta se desarrolla. Incluso, se han calificado estas y otras disposiciones recientes como populistas, demagógicas y contrarias a la libertad de empresa.

Esto, porque no siempre existe un ‘match’ entre las propuestas políticas y el real bienestar del consumidor. Es más, a veces la satisfacción (inmediata) del consumidor no coincide con su bienestar en el largo plazo, asegura Carlos Zúñiga, director de la Asociación de Consumidores Elegir. Explica que si bien esta suerte de despertar de los temas relacionados con la defensa del consumidor es una señal positiva, todavía es un reto que los operadores políticos realicen una lectura técnica de esta problemática para conseguir cambios significativos.

“Juzgar el avance a partir de casos como estos no es positivo. Eso no es un avance, es un retroceso […] Uno puede soltar la noticia, y decir: ‘Eso es bueno para los consumidores’, pero más allá del tema legal o afectación del derecho de las empresas, las consecuencias serán negativas [para el mercado]”, agrega Alejandro Falla, socio del Estudio Bullard Falla Ezcurra +.

En el caso específico de los cines, por ejemplo, el abogado asegura que la decisión del Indecopi no solo intensifica el riesgo de una subida de precios, sino también limita los planes de crecimiento de las empresas porque se afectarán los niveles de ingresos.

El caso de los decodificadores, sin embargo, no generaría consecuencias tan graves, asegura Fernando Cáceres, gerente general de Síntesis Consultoría. Sin embargo, esto no quiere decir que no suponga ciertos riesgos. “Es muy fácil calificar algo como abusivo.

Todo lo que conecte con la emoción de las personas es fácilmente utilizable”, apunta. Criticó el accionar del defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien a la luz del caso del fallo del Osiptel advirtió sobre un posible escenario de concertación de precios. “Estos casos no deberían politizarse. Mirar [e imitar] los precios de la competencia no significa que habrá concertación”, explica Cáceres.Desde el otro lado de la discusión, algunas asociaciones de consumidores consideran que quienes califican de populistas los fallos antes mencionados mantienen un discurso hipócrita. “Cuando se trata de medidas que benefician al consumidor se habla de populismo o intervencionismo, pero cuando se habla de las exoneraciones tributarias para universidades o laboratorios farmacéuticos no, a pesar de que ni las pensiones ni los medicamentos bajan sus precios”, apunta Crisólogo Cáceres, presidente de Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), organismo que impulsó activamente estas dos últimas denuncias.

LA SOLUCIÓN
Para Falla, parte de la solución de esta problemática recae en el Estado, pues el consumidor peruano enfrenta problemas más serios relacionados con servicios públicos. “El problema está en las colas de los hospitales, el Poder Judicial y otras instituciones. Ese foco no está en ningún lado. Se hace mucho alarde de la ‘[ley] canchita’ como un éxito, pero tienes a la gente podrida en trámites con el Estado”, apunta.

Cáceres considera que es necesario empoderar al consumidor dándole no solo información adecuada sino también libertad para elegir entre productos y servicios. Aseguró que si bien las redes sociales hoy en día son una ventana de ayuda directa, el Estado debe realizar un adecuado seguimiento al mercado para actuar en el momento oportuno.

Para lograrlo, destaca Aspec, sería ideal contar con un organismo cuya misión sea velar por el consumidor y no ser un árbitro imparcial, como conceptualmente son Indecopi y los reguladores. Crisólogo Cáceres pone como ejemplos el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) de Chile o la Procuraduría Federal del Consumidor de México.

La mayoría de países en el mundo cuenta con dos organismos, uno dedicado a la libre competencia y otro enfocado en el consumidor. “En el Perú, los dos temas los ve el Indecopi por un tema presupuestal. [El Indecopi] fue creado en los noventa, cuando no había dinero para crear dos organismos. Hoy, habría que hacer estudios técnicos para saber si nos conviene hacer la separación”, explica Santiago Dávila, socio de EA Consultores.

El titular de Aspec asegura que los usuarios enfrentan muchas dificultades para tomar acción con respecto a temas que merman sus derechos, pues el Estado no cumple a cabalidad su rol educativo estipulado en el Código del Consumidor. “[El código] dice claramente que el consumidor debe ser formado en las escuelas. Esa responsabilidad es del Estado”, explica el titular de Aspec,
El mencionado documento, sin embargo, fue creado en el 2010 y en opinión de Zúñiga, tras casi una década, ya requiere de ajustes que ayuden a reflejar las necesidades del consumidor actual.

“Con el caso Pura Vida, que fue una suerte de canalizador para poner al consumidor en el debate público, nos dimos cuenta de dos cosas: falta que eduquen al consumidor con respecto a sus derechos y falta que le den información. Cuando vas al código, te das cuenta de que carece de las condiciones para volverse una herramienta educativa. Esa es una reforma pendiente”, apunta Zúñiga.

Además, recuerda que son los reguladores quienes deben velar por el marco normativo, pero es el Congreso el organismo llamado a construirlo y mejorarlo.

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