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"La Defensoría del Contribuyente", por Marcial García

La Defensoría del Contribuyente podría ser mucho más efectiva en sus objetivos si se encargase de funciones  de mayor impacto

Sunat

(Foto: El Comercio)

La Defensoría del Contribuyente (Defcon) se creó hace 14 años con la finalidad de velar por el respeto de los derechos de los contribuyentes en las actuaciones o gestiones ante la Sunat, los gobiernos locales y el Tribunal Fiscal. Pese a las buenas intenciones, dicha entidad no parece estar cumpliendo su cometido. En todo este tiempo ha tenido muy poca trascendencia, por lo que hace falta robustecerla.

Este organismo fue estructurado con base en la figura del ‘ombudsman’ o defensor del Pueblo. Sin embargo, carece del grado de independencia necesario para procurar el justo equilibrio en las relaciones entre la administración tributaria y los administrados.

Basta notar que la Defcon está adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), del cual también depende la Sunat y el Tribunal Fiscal. Eso hace que pierda credibilidad y genere la desconfianza de todos aquellos a quienes pretende defender. En la actualidad, su principal función es la de atender quejas, reclamos y sugerencias de los contribuyentes, usuarios aduaneros y ciudadanos, procurando que se corrijan aquellas acciones u omisiones que afecten sus derechos.

Los casos más comunes giran en torno a devoluciones, fraccionamientos y detracciones.

Aunque todo eso es positivo, la Defcon podría ser mucho más efectiva en sus objetivos si se encargase de funciones de mayor impacto. Por ejemplo, se puede diseñar un esquema para que actúe como mediador o conciliador a fin de propiciar el diálogo amigable y la solución anticipada y consensuada de los diferendos que surjan entre la Sunat y los contribuyentes, tal como en el Reino Unido, Francia, Pakistán y otros países donde existen instituciones especializadas de esta naturaleza. Este es el caso también de México, cuyo defensor, en su condición de tercero imparcial, busca que las partes enfrentadas en un proceso de fiscalización lleguen a un entendimiento (muchas veces a un punto medio), que se formaliza mediante la suscripción de un acuerdo conclusivo. Un detalle importante es que para fomentar el uso de este medio alternativo de resolución de controversias, la primera vez, se le condonan al obligado tributario el 100% de las multas.

Esta medida no solo tendría el efecto de reducir la carga procesal, sino que también incrementaría la recaudación tributaria, pues probablemente muchos contribuyentes estarán dispuestos a aceptar una parte del reparo que formule la Sunat, con tal de evitar un costoso litigio y años de incertidumbre. A fin de cuentas, como bien dice el refrán, “más vale un mal arreglo que un buen pleito”.

El gobierno del flamante presidente Vizcarra debe apostar por iniciativas como esta para frenar la fuerte caída de la presión tributaria (el año pasado fue de 12,9% del PBI, la más baja en 14 años) y el aumento del déficit fiscal (al cierre del 2017 fue de 3,2% del PBI, el mayor en 17 años). Para que la propuesta funcione se debe dotar a la Defcon de un presupuesto adecuado que le permita contratar profesionales de primer nivel y garantizar su plena autonomía, sacándola de la esfera del MEF.

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