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¿Es viable la gestión privada en las EPS?

Especialistas señalan que accionar de privados en el sector agua y saneamiento podría ser más amplio si se consideraran más obras de infraestructura.

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Sedapal busca ejecutar entre US$250 millones y US$300 millones cada año. En la práctica solo ejecuta la mitad, explica Bonifaz. (Foto: El Comercio)

(Foto: El Comercio)

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce, anunció la semana pasada que compañías privadas entrarían a gestionar las empresas prestadoras de servicio de saneamiento (EPS). De hecho, adelantó también que el reglamento para hacer posible esta iniciativa sería publicado en las siguientes semanas.

Aunque se ha realizado un estudio de mercado sobre esta propuesta, los términos de referencia aún estarían en revisión, según José Luis Bonifaz, director de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. “Todavía se están probando los términos de referencia con los privados, porque es un proyecto que genera dudas. Además, hay que hacer el plan de reflotamiento y mover personal”, explica el especialista.

Según la ley vigente, una empresa privada tiene hasta 12 años para gestionar una EPS. Siendo así, Bonifaz considera que aunque el ministro Bruce haya adelantado que la intervención de los privados duraría aproximadamente dos años, la gestión debería continuar hasta que se generen eficiencias.

Por su parte, Manuel Ugarte, experto en temas de saneamiento e infraestructura del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, recuerda que existe un proyecto de ley que también busca incluir obras de desalinización, como los que se realizan en algunas playas al sur de Lima, en la gestión de las EPS.

LAS MEJORAS
Sedapal fue otro de los temas mencionados por el ministro Bruce, quien reiteró que la entidad no será privatizada. Para Ugarte, esto no es impedimento para que se continúen ejecutando y operando grandes proyectos de infraestructura con el sector privado, como el caso de las plantas de tratamiento de aguas residuales de La Chira o Taboada, que actualmente se encuentran en operación.

“Actualmente, Pro Inversión tiene en cartera el proyecto Obras de Cabecera y Conducción de Agua para Lima, a través del cual se incrementaría la disponibilidad de agua potable para atender la demanda de aproximadamente dos millones de habitantes del este y sur de Lima Metropolitana”, explica. Por su lado, Geoffrey Cannock, socio de Apoyo Consultoría, considera que sería importante mantener la política tarifaria de focalizar bien el subsidio cruzado entre usuarios, y tener tarifas aprobadas que moderen el consumo que permitan cubrir no solo los costos de operación cumpliendo con los parámetros de calidad del servicio, sino también la inversión.

LA PROMESA
La Política Nacional de Saneamiento establece como meta al 2021 la incorporación al 100% de los peruanos a los servicios de saneamiento en el ámbito urbano y al 84% en el rural. Para lograr estos objetivos, asegura Ugarte, no debe dejarse de lado la inversión pública en esta materia.

Adicionalmente, considera que deben promoverse nuevos decretos supremos que habiliten la presentación de otras iniciativas privadas cofinanciadas.

Al igual que Bonifaz, afirma que no solo debería limitarse la posibilidad de un cofinanciamiento del Estado para la ejecución de obras de infraestructura, sino también para la operación y mantenimiento de las mismas. “De lo contrario, los costos de operación y mantenimiento tendrían que ser asumidos únicamente con cargo a la tarifa que pagan los usuarios, para efectos de lo cual sin duda deberían gestionarse incrementos tarifarios”, apunta Ugarte.
Además, Cannock resalta que una buena ejecución del presupuesto público asignado para el sector es vital para su avance, especialmente en las áreas rurales sin cobertura.

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