¿MÁXIMO SAN ROMÁN DEBE SER RECONOCIDO COMO EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA?

El Congreso tiene la palabra

Por Pedro Cateriano Bellido. Ex diputado Movimiento Libertad

Un grupo de ex senadores y ex diputados del Congreso de la República disuelto por el golpe de Estado del 5 de abril de 1992, hemos solicitado al Parlamento que, conforme a la Constitución y a la ley, el ingeniero Máximo San Román Cáceres sea reconocido plenamente como ex presidente de la República.

Después de varios años han sido ubicados en Arequipa, Puno y Lima, los documentos de las sesiones que realizó el Congreso luego de la ruptura del orden constitucional, tales como las actas --entre ellas la del acto de juramentación como presidente de la República de San Román--, la resolución legislativa que vacó en el cargo a Alberto Fujimori y otros. Todos han sido entregados --junto con nuestra solicitud-- a la presidencia del Congreso.

Es notorio que en ningún momento, desde el rompimiento del Estado de derecho, Máximo San Román ha buscado honores personales, ni ha efectuado gestión alguna para que se le reconozca como ex presidente de la República. Han transcurrido quince años y ni si quiera está su retrato en la galería de ex presidentes del Legislativo.

La condición jurídica de ex presidente de la República del ingeniero San Román está fuera de discusión. El Congreso, al amparo de la Constitución de 1979, lo juramentó como tal, respetando los procedimientos constitucionales y las normas legales de ese entonces.

El texto constitucional de 1979 no perdió su vigencia a causa del golpe de Estado de 1992, por lo tanto, todos los actos realizados por el Congreso de la República tuvieron plena validez jurídica.

El acto de juramentación, como era de esperarse, fue minimizado por los seguidores de Fujimori, tratando de tergiversar su validez constitucional. Pero San Román no se doblegó. Acompañado por sus colegas Roberto Ramírez del Villar, Felipe Osterling, Luis Bustamante, Mercedes Cabanillas, Gustavo Mohme, Manuel Moreyra, entre otros, lideró valientemente a la minoría que se opuso al denominado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional que implantó el dictador.

Los opositores a la iniciativa de reconocer el derecho de Máximo San Román señalan que no lo tiene porque no ejerció funciones como presidente, y sostienen malévolamente que, con esta solicitud, solo pretende que se le cancele, de manera retroactiva a abril de 1992, el monto correspondiente a la pensión que tienen derecho los ex jefes de Estado.

San Román fue presidente de la República de jure por designación del Congreso. No es el ejercicio del cargo lo que determina la condición jurídica de un funcionario público, sino su elección o nombramiento conforme a la Constitución y a la ley. Lo que ocurrió con él fue que de facto se le impidió el ejercicio de la presidencia.

Con relación al inexistente reclamo imdemnizatorio, resulta pertinente señalar que el pedido planteado al Parlamento no lo ha hecho Máximo San Román --quien a lo largo de estos años no ha efectuado ninguna exigencia-- y que esa no es la intención de los solicitantes y, estamos seguros, tampoco del ex presidente.

Para algunos este planteamiento no pasa de ser un hecho sin mayor importancia, pero para quienes defendemos el orden democrático es un tema principista y de  importancia en la formación de la conciencia constitucional en el país. También es un acto de justicia y de reconocimiento cívico. La Constitución nunca más debe ser letra muerta.