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Análisis Político: La paja en el ojo ajeno

Por Juan  Paredes Castro

El Gobierno que quiere luchar de verdad contra la corrupción sabe que tiene que empezar por pisarse los callos.

¿El presidente Alan García conocía de esto a la hora en que pensó nombrar a la ex jueza Carolina Lizárraga como jefa de la Oficina Nacional Anticorrupción?

En principio debemos entender que se trata de una lucha que requiere de prevención y poder coercitivo. Lizárraga puede asumir lo primero, pero no lo segundo, que está en manos de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. En todo caso, competiría con la contraloría, e inclusive en desventaja, pues esta dispone de más poderes legales y mecanismos de ejecutoria burocrática que la que tendría la recién nombrada.

La doctora Lizárraga viene a ser algo así como un pulsador o un detector anticorrupción más, tanto como lo es también la Unidad de Inteligencia Financiera, que advierte ciertas fuentes de lavado de dinero, las pone en blanco y negro y finalmente las denuncia. Y ahí acaba todo.

Pero si queremos creerle al Gobierno en su propósito de declararle la guerra a la corrupción, tendríamos que esperar de este el paralelo fortalecimiento del Ministerio Público y el Poder Judicial, para que no reboten en ellos las iniciativas y denuncias anticorrupción.

Es más: No dudamos de que el dedo de Lizárraga en el pulsador gubernamental será el primero en atraer la atención pública. No solo porque el Gobierno tiene que demostrar que no ve la paja en el ojo ajeno sin antes ver la viga en el propio, sino porque la criminalidad gubernamental ya no tiene que ser vista como una zona borrosa del entramado nacional. Hace falta que la veamos como la fuente interna potencial y nítida de lo que llamamos corrupción en mayúsculas.

El presidente García no nos ha presentado una alternativa de fuerza en la lucha contra la corrupción. Le ha añadido un par de ojos más a los ojos nublados que ya tiene la contraloría y a los ojos daltónicos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Estamos ante un conjunto visual de detección de evidencias de corrupción que suele no ir más allá de los espejos distorsionantes de siempre.

Para cerrarle el camino a la corrupción, el Gobierno tiene que emprender alguna reforma capaz de poner en marcha, sin demora, por lo menos un nuevo sistema de compras estatales.

Y para que la gente crea que la lucha va en serio, el Gobierno y el Congreso no pueden sembrar ninguna duda en sus propósitos ni en sus filas, más todavía si se busca predicar con el ejemplo.

La ex jueza Lizárraga tiene que entender que el poder político es un instrumento muy útil de la corrupción para adquirir impunidad. Quizá este podría ser el enfoque de su trabajo. Detectar las ventajas de impunidad allí donde precisamente se ejerce el poder político.

Claro que ello representa todo un desafío de vida o muerte en su cargo, que no sabemos si está dispuesta a correr con todas las consecuencias. En todo caso ya está de cara a ese riesgo: vive contra la corrupción, caiga quien caiga, o muere apañándola, así no fuera su intención.

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